Política

Vox suprime las primarias para evitar «arribistas» en sus listas electorales

Los nuevos estatutos que sustituirán a los de 2015 dejan en manos de la ejecutiva nacional la aprobación de las candidaturas

Imagen del presidente de Vox durante una entrevista concedida a ABC GUILLERMO NAVARRO
Alberto Caparrós

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El Comité Ejecutivo Nacional de Vox planteará este sábado a sus afiliados la aprobación de unos nuevos estatutos que suprimen las primarias para la elección de candidatos a las elecciones. De acuerdo con el documento remitido la pasada noche por la formación que preside Santiago Abascal a sus cúpulas provinciales, se descarta este proceso. La intención es cortar de raíz problemas internos generados en ciudades como Valencia con los «arribistas».

El partido había detectado casos similares en Madrid, Toledo o Castellón. «La avalancha ha traído de todo y no podemos dejar el proyecto de Vox en manos de cualquiera» , admiten fuentes internas. El objetivo es, por tanto, garantizar la «limpieza» de sus candidaturas ante el crecimiento exponencial de la formación durante los últimos meses.

Los estatutos de Vox que sustituirán a los aprobados en el año 2015 contemplan, en su artículo 24, que los candidatos a los comicios autonómicos y municipales serán aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tras escuchar la propuesta de las direcciones locales y provinciales del partido. Esas coordinadoras provinciales sí que están siendo elegidas mediante primarias durante los últimos meses.

De acuerdo con el texto al que ha tenido acceso ABC, «podrán concurrir como miembros de una candidatura todos aquellos afiliados que estén legitimados para ser candidatos a cargo público electo por la legislación vigente e interna del partido, en cada proceso electoral, y ello sin perjuicio de que el CEN, en determinadas situaciones, apruebe la concurrencia de candidatos independientes».

Vox considera que era «imposible» mantener el mismo sistema de confección de candidaturas dado el crecimiento experimentado, sobre todo desde las elecciones al Parlamento de Andalucía en las que logró doce diputados.

A su juicio, el nuevo modelo no elimina la democracia interna porque los órganos provinciales sí que son elegidos mediante primarias, pero permite ejercer un control sobre las listas electorales.

José María Llanos y Santiago Abascal, en Valencia en una imagen de archivo ABC

En el caso de Valencia, donde Vox aspira a contar con representación en el Ayuntamiento y la Generalitat, su presidente provincial, José María Llanos -quien se había mostrado en contra del procedimiento de primarias-, dispondrá de las manos libres para realizar unas candidaturas en las que se apunta a la presencia de Rita Corbín Barberá (sobrina de la que fuera alcaldesa de Valencia) y de la abogada Ángeles Criado .

La que fuera fundadora y presidenta provincial de Vox, Cristina Seguí, se había decantado en público por la opción de Juan García Sentandreu como candidato a la Alcaldía de Valencia en contra de la voluntad de Llanos (quien tiene previsto encabezar la lista local o la autonómica). Seguí abandonó el partido en 2014 y no ha vuelto a militar, pero mantiene hilo directo y sintonía con la cúpula de Abascal y defiende sus tesis desde los platós de radio y los estudios de televisión.

Seguí ya dejó claro que no está en su ánimo figurar en ningunas listas de Vox, ni en las municipales ni en las autonómicas, aunque expresó su respaldo a Sentandreu, abogado y antiguo candidato de la Falange , quien fue presidente de la extinta Coalición Valenciana y el pasado mes de julio entró en Vox.

Varios afliliados promueven el voto en contra

Un grupo de afiliados de Valencia había recogido firmas, como informó ABC, para solicitar la celebración de primarias en la elaboración de candidaturas, sin éxito aparente. Ahora, están promoviendo a través de grupos de whatsapp una movilización para que se vote en contra de los nuevos estatutos .

En el mensaje que distribuyen mediante la aplicación móvil, señalan que esta reforma «es una merma manifiesta de la democracia interna», supone «un blindaje por otros cuatro años» del Comité Ejecutivo Provincial de Valencia y «otorga poder absoluto» a estos órganos «fomentando la consolidación de clanes o familias». «Para colmo, los afiliados están catalogados como provisionales durante los primeros nueve meses de militancia. Es decir, puestos bajo observación y pudiendo ser expulsados bajo cualquier pretexto arbitrario», añaden en el escrito.

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