Rita Barberá: de la gloria política al cerco judicial

Rita Barberá (Valencia, 16 de julio de 1948) lo ha sido todo en el Partido Popular. Formó parte del equipo fundador de Alianza Popular y su ascenso a la Alcaldía de Valencia en 1991 abrió la senda de los triunfos electorales que llevarían a su partido a acumular el poder institucional en el Gobierno autonómico (1995) y en el central.

Barberá ganó las elecciones del pasado mes de mayo pero no pudo revalidar el que habría sido su séptimo mandato al frente del Ayuntamiento de la capital de España. No llegó a tomar posesión de su acta de concejal y se marchó al Senado elegida por el cupo de parlamentarios territoriales del PP en las Cortes Valencianas.

La operación Taula

El estallido de la operación Taula ha dejado a Barberá en la posición más débil de su dilatada trayectoria política, en la que transformó la ciudad de Valencia y catapultó al PP hacia sus mayores éxitos.

La imputación de nueve de los diez concejales del grupo popular en el Ayuntamiento (los mismos que le acompañaron en la candidatura a los comicios) en una presunta trama de blanqueo de capitales deja a Barberá al borde de ser investigada. Una decisión que solo puede tomar el Tribunal Supremo por su condición de aforada.

Los investigadores tienen acreditado que se blanquearon 50.000 euros procedentes de comisiones ilegales mediante donativos de 1.000 euros que aportaban concejales y asesores. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción creen que Mari Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo popular en el Consistorio y mano derecha de Barberá durante años, ejercía de cajera de la trama. Pedía los donativos y luego los devolvía en sobres con billetes de quinientos euros.

La causa por blanqueo que dirige el juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia ya suma 56 imputados. La gran mayoría con concejales, exediles, asesores y antiguos colaboradores, todos ellos del círculo de confianza de Barberá. El PP nombrará una gestora la próxima semana en Valencia, la ciudad que tantos éxitos le dio y que ahora se ha convertido en fuente inagotable de disgustos, especialmente con un Gobierno en funciones y con un partido que no encuentra apoyos para reeditarlo.

El caso «Ritaleaks»

En esta línea, en el horizonte judicial de Barberá se avecina otra tormenta. Conforme publicó ABC el pasado domingo, la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial ya ha enviado un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre gastos en protocolo de la Alcaldía de Valencia -«meramente descriptivo», según los que lo conocen- y ahora será esta la que decida si presenta o no la correspondiente denuncia en los juzgados. El monto de las facturas en viajes o comidas objeto de la investigación asciende a 300.000 euros, en el marco del caso «Ritaleaks», propiciado por una denuncia presentada en la anterior legislatura por Compromís.

Entre los gastos reseñados, por ejemplo, se encuentra el desplazamiento que hizo Rita Barberá a Madrid con motivo de la muerte del que fuera presidente de la Xunta, Manuel Fraga. «Es difícil discernir si ese viaje forma parte de las obligaciones de una alcaldesa, dado que se trataba de un político muy relevante, o bien los gastos debieron ser abonados por su partido o por ella misma», sostienen las fuentes consultadas.

También hay documentados desplazamientos y estancias en hoteles de alta gama para asistir a actos de partido, como congresos, cuyo coste fue asumido por el Ayuntamiento. Asimismo hay un llamativo volumen de gasto en compra de naranjas que eran enviadas como regalo por Barberá a diferentes personalidades: «Este es otro de los ejemplos que están en la frontera, porque se puede entender que esos regalos servían para difundir la imagen de la ciudad, aunque es sospechosa la cantidad de dinero empleada para ello», precisan las fuentes, que insisten en que la judicialización de este asunto dependerá del análisis de los datos del informe que hagan las autoridades judiciales. Con todo, la Fiscalía se inclina por presentar una querella.

Sobrecostes en Feria Valencia

Pero además de esta investigación hay otra ya en marcha, la de Feria Valencia, que también puede afectar a Rita Barberá. La institución tiene una deuda de 500 millones de euros y Alberto Catalá, su expresidente, podría haber utilizado materiales de la misma para hacer obras particulares, en concreto en su fábrica textil, según fuentes policiales. Barberá era presidenta del patronato de Feria Valencia y la UDEF tiene ya los primeros informes sobre este asunto -hay otros que se están elaborando-, que ya están en manos de la Fiscalía.

Hay que recordar que ya en 2014 la Intervención General de la Generalitat Valenciana detectó sobrecostes millonarios en las obras de ampliación de Feria Valencia que, en muchos casos, no se justificaron y carecieron además de los controles y criterios técnicos preceptivos. Incluso se detectaron facturas falsas. El importe de la inversión final en construcción e instalaciones sufrió una desviación del 86,27% respecto al proyecto inicial (más de 252 millones de euros). Una parte correspondía a nuevos proyectos incorporados al plan previsto (98,37 millones), y el resto a modificaciones del valor inicial de la construcción.

El informe revela que se llegaron a registrar sobrecostes no justificados de hasta el 160%. Por ejemplo, el proyecto de fuentes, estanques y plazas del recinto se facturó por nueve millones de euros, pero los técnicos estiman un coste real de cinco (un sobrecoste del 79,87%). O las calderas de los nuevos pabellones, que se facturaron por 1,4 millones cuando su valor real es de 0,9 (28,4% de sobreprecio). También los proyectos incluidos en el apartado de decoración tuvieron un sobrecoste del 106% global, que en el caso de las tiendas comerciales fue del 145%.

Estas obras se realizaron bajo el mandato de Alberto Catalá como presidente de Feria Valencia y Belén Juste (ahora diputada del PP) como directora general. Barberá era la presidenta del patronato, como alcaldesa.

La evolución del caso Nóos

Mientras, Barberá observa de reojo la evolución del caso Nóos. Alfonso Grau, otrora vicealcalde de Valencia y persona de la estricta confianza de la senadora del PP, procesado por los contratos firmados por el Ayuntamiento con el instituto que presidía Iñaki Urdangarín.

Grau era el encargado de recaudar los donativos de dirigentes y candidatos del PP para sufragar el funcionamiento del partido y las campañas electorales. Así lo señalan varios de los 50 investigados en relación al presunto blanqueo de capitales en el PP de Valencia a través de dichos donativos, según ha podido saber ABC. Hasta que tuvo que dimitir -el pasado mes de marzo- y se cayó de la lista por su implicación en el caso Nóos, Grau se habría encargado así de gestionar las aportaciones de los concejales y cargos del PP a la formación.