Política
PSPV y Compromís insisten en el «montaje» de la investigación policial y judicial sobre su financiación
Una excargo de los socialistas de Benidorm reitera que no es la autora de los correos obrantes en la causa
La comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc que tiene lugar en las Cortes Valencianas se ha desarrollado este miércoles de forma un poco más ordenada que en anteriores ocasiones , aunque no totalmente. De cinco comparecientes han acudido tres, lo que podría ser algo negativo si no fuera por los antecedentes de las semanas previas, cuando una de las sesiones se tuvo que suspender y en otra no apareció nadie.
A la de hoy han asistido Vicente Girbés, fundador y exresponsable de la constructora Blauverd; Anabel Hallado, exsecretaria de Organización del PSOE en Benidorm; y el empresario Enrique Ortiz. Por su parte, la exalcaldesa de Denia Ana Kringe ha eludido por cuarta vez su asistencia y tampoco se ha presentado Mario Antonio Barceló Aristoy, de Hospimar 2000.
La causa que ha llevado a la apertura de esta comisión se instruyó durante año y medio en Valencia tras una denuncia del PP ante la Policía. Al encontrarse prescrito el delito electoral pero no los de malversación, prevaricación y falsedad documental, la juez decidió trocearla y remitirla a cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm). En uno de Madrid ya se encuentra archivada.
Los papeles que los investigadores han rastreado apuntaban a la existencia de un entramado similar al de otros casos de corrupción: gastos electorales de los partidos que se acababan facturando a diversas empresas.
En esta ocasión, el centro era la mercantil Crespo Gomar , una agencia de comunicación con la que trabajaron los socialistas y los nacionalistas entre 2007 y 2008 que realizó, según las sospechas de la juez, servicios a los partidos de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. En la documentación aportada a la causa, y que ha venido publicando ABC, aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa.
Nada de esta documentación, sin embargo, tiene credibilidad para PSPV y Compromís -tal como han manifestado en reiteradas ocasiones- aunque ha sido dada por válida por la juez y por la Policía . Además, los importes que han podido comprobarse por vía tributaria coinciden con los servicios al partido.
Los socialistas y los nacionalistas hablan de «manipulación» de los papeles, refiriéndose a que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) señala en su informe que éstos son fotocopias y que contienen tachones. Pero no dice, como defienden estos partidos, que se consideren ficticios o construidos, sino que se entienden como veraces . La teoría de la conspiración sigue circulando, pese a todo, comisión tras comisión mientras los comparecientes pasan por ella. A lo que se une que Compromís -que votó a favor de que se constituyera- haya llegado hoy a calificarla de «absurda» porque los hechos están prescritos.
Blauverd
El primero en acudir este miércoles ha sido el exresponsable de Blauverd Vicente Girbés, quien ha asegurado que todas las facturas que pagó su empresa se corresponden con servicios prestados y que la relación con la agencia Crespo Gomar era la que mantenía con «cualquier proveedor». «Aquí no se pagaba porque eran amigos míos», ha indicado, haciendo hincapié en que el 99,9% de sus clientes eran «privados» y sólo en ocasiones puntuales trabajó para alguna administración.
Girbés ha negado, igualmente, que mantuviera amistad con alguna de las personas que aparecen en los correos electrónicos obrantes en la causa, como el que fuera responsable de finanzas del PSPV en esa época, Pepe Cataluña. Según ha expuesto, se trataba únicamente de relaciones institucionales.
Sobre las facturas, ha indicado que nunca detectó «ninguna rara» y que desconoce totalmente el correo electrónico en el que se menciona a la constructora. «No recuerdo nada de pagos», ha añadido. En cuanto a los altos gastos en publicidad con periodicidad mensual, conceptos idénticos en ocasiones y cifras redondas a lo largo de un año, los ha considerado «normales» aunque los desconoce .
Correos
Ya por la tarde, le ha llegado el turno a la exresponsable de Organización de los socialistas en Benidorm, Anabel Hallado. Su nombre aparece en unos correos electrónicos que se cruza con una apoderada de Crespo Gomar, Lucía Pascual , en los que se intercambian información e instrucciones sobre facturas de gastos de la campaña electoral a nombre de Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica.
La aludida, al igual que durante su comparecencia en el Senado el pasado octubre, ha vuelto a negar de forma tajante que fuera la autora de esos correos y no sabe cómo se han obtenido. En este sentido, ha señalado que ya ha tomado las «medidas legales oportunas» al respecto, pero no ha concretado cuáles.
Respecto a su relación con Crespo Gomar, ha señalado que no ha existido «jamás», aunque ha contado que en 2007 se contrató a esta empresa para «mejorar» la imagen del candidato Agustín Navarro con el objetivo de ganar las elecciones tras 20 años de gobierno del PP. «Nunca escuché la palabra donación» o «no me ocupé de la contabilidad» han sido otras de sus afirmaciones.
Ortiz no tiene conocimiento
Por último, el empresario alicantino Enrique Ortiz ha indicado que «nunca» ha colaborado «en nada que pueda perjudicar al PSOE ni al Bloc», ni ha participado en ningún informe, ni en ninguna estrategia contra los socialistas por haber denunciado el caso Gürtel. Ha insistido en que no tiene conocimiento de una supuesta financiación irregular del PSPV del Bloc, ni tiene ningún documento al respecto, ni habló nunca con nadie para hacer un informe en contra del PSOE.
Acciones legales por desobediencia
Después de las numerosas ausencias, la mesa de la comisión ha acordado por unanimidad emprender acciones legales contra los comparecientes que no hayan acudido pese a tener constancia de que han recibido la notificación. La ley los obliga a asistir y a declarar sin incurrir en falso testimonio. El artículo 502 del Código Penal establece que pueden ser castigados por delito de desobediencia, que está penado entre seis y doce meses de prisión, los cuales se podrían conmutar por una sanción económica.
Podemos también ha pedido que se dé traslado a los grupos parlamentarios de la necesidad de colaborar, en la medida de lo posible, con los servicios jurídicos de Las Cortes para aportar las fórmulas de contacto a su alcance con aquellas personas que han de comparecer en la comisión según el plan de trabajo, mientras no se resuelva la petición, en el mismo sentido, dirigida a Delegación de Gobierno.
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