El PSPV mueve la «línea roja» y sitúa a dirigentes imputados en puestos de responsabilidad

El PSPV, como Compromís, hizo de las acusaciones de corrupción contra dirigentes del PP el hilo argumental de sus tareas de oposición durante la legislatura pasada. Sin embargo, en los siete meses de gobierno bipartito el nivel de exigencia de los partidos de izquierdas con sus propios imputados dista mucho del que se estableció con los del PP. Así, los socialistas han situado en cargos de responsabilidad en la Administración autonómica a numerosos dirigentes que arrastran causas de presunta corrupción desde el anterior mandato.

La acumulación de sospechas contra diputados y exconsellers populares obligó al expresidente Alberto Fabra a trazar durante su mandato la controvertida «línea roja», según la cual todo aquel cargo de designación que resultaba imputado era destituido de forma fulminante, mientras que los cargos electos eran apartados del grupo popular en las Cortes.

Una decisión que le granjeó no pocas críticas en sus propias filas. Sin embargo, el PSPV, que criticaba esta «línea roja» por considerarla insuficiente, ha decidido ahora desplazarla y permitir que dirigentes con causas abiertas por presuntos delitos de corrupción ocupen cargos de responsabilidad en la Administración autonómica y local.

Así sucede con el exalcalde de Benidorm Agustín Navarro. El benidormense está imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias por la contratación «a dedo» o mejora de las condiciones laborales de 43 empleados municipales. En todos los casos, los beneficiarios eran militantes del PSOE, familiares de concejales o dirigentes del partido -incluidos los hijos de una prima del munícipe-, integrantes de candidatuas socialistas en los municipios de la comarca, o dirigentes de los sindicatos de clase.

Pese a los delitos que se imputan a Navarro y a que el juez que instruye el caso ha propuesto que se declare «causa compleja» -para poder prorrogar la fase de instrucción por la complejidad del asunto-, el PSPV situó a Navarro como candidato a la Alcaldía, le encargó coordinar el programa municipal y luego lo premió con un puesto en la Diputación de Alicante. A través de un acuerdo con el PP, Navarro ha sido nombrado vicepresidente de la comisión de Cuentas de la institución provincial, lo que ha hecho tambalearse el pacto PP-Ciudadanos.

También imputado por un presunto delito de corrupción se encuentra el exalcalde de Gandía José Manuel Orengo, persona de la máxima confianza del presidente autonómico, Ximo Puig. Orengo está imputado en dos causas, el Caso Innova -por desviar para otros gastos una subvención del Ministerio de Industria que debía sufragar la construcción de un edificio dedicado a la innovación- y la que investiga la firma de créditos sin autorización de Hacienda.

Ascensos

Pese a su doble imputación, el PSPV ha seguido confiando en Orengo para ocupar cargos de responsabilidad. Si bien es cierto que Orengo no fue en ninguna lista, se colocó como asesor del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez. Un cargo para el que no tuvo que someterse al dictamen de las urnas. La intención del PSPV es que Orengo abandone la institución provincial en marzo, tras colaborar con Rodríguez en un «periodo de aclimatación» a la Diputación -Orengo fue portavoz socialista la pasada legislatura-. No obstante, cuando abandone la institución provincial, está previsto que el gandiense se incorpore como asesor de Presidencia de la Generalitat.

El PSPV cuenta también con un imputado en las Cortes Valencianas, el acalde de Alfaz del Pi, Vicente Arques. El juez lo imputó en junio, justo después de las elecciones, por un presunto delito de prevaricación al conceder licencias para campings de forma presuntamente irregular. En la misma causa están imputados el concejal de Urbanismo, Vicente Soler, y el arquitecto municipal, marido de la eurodiputada socialista Elena Valenciano. El PSPV, no obstante, ha situado a Arques en tres comisiones parlamentarias, de las que preside una: la de Obras Públicas. Un puesto que supone un plus de 584 euros al mes.

El último caso lo ha protagonizado el exalcalde de la localidad valenciana de Benimodo José Luis Sanchis, para quien la Fiscalía pide una pena de dos años de cárcel por un delito contra el patrimonio cometido presuntamente durante su época como alcalde. Sanchis concedió una licencia de obras en un entorno arqueológico sin realizar un estudio patrimonial previo. El exalcalde, funcionario de Sanidad, ha sido ascendido a subdirector general de la Conselleria de Carmen Montón, un ascenso que se otorga «a dedo».

En todos los casos, el PSPV se ha escudado en que los delitos que se imputan a sus dirigentes no son, según la interpretación de los socialistas, casos de corrupción.