El PP exige la dimisión o el cese de dos concejales por el cambio de calles franquistas

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha exigido al tripartito la dimisión de los dos concejales encargados del cambio de las calles franquistas, María José Espuch (Compromís) y Dani Simón (Guanyar), o el cese ordenado por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, así como crear una partida económica para afrontar posibles reclamaciones de perjudicados por los cambios.

En rueda de prensa, el portavoz municipal popular, Luis Barcala, ha calificado de "varapalo muy gordo" al tripartito que forman el PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís el auto de una juez que paraliza el cambio de calles y obliga a reponer las antiguas.

El pasado 25 de noviembre el PP interpuso un recurso contencioso-administrativo

contra el cambio de las calles con el argumento de que el tripartito no cumplió los requisitos de la Ley de Memoria Histórica ya que algunos cambios no estaban justificados, como el de la plaza de Calvo Sotelo, y porque el acuerdo de la sustitución de las vías públicas debió adoptarse en pleno municipal.

A este respecto, el PP señaló que el pleno es el órgano competente, de acuerdo con el acuerdo plenario por el que se creó la Comisión Municipal de Memoria Histórica.

«Prisas» y sin votarlo

Barcala ha lamentado "las prisas" del tripartito por cambiar las calles y ha indicado que, ante el recurso del PP, se debió aplazar la medida hasta saber si la Justicia paralizaba cautelarmente la sustitución del callejero para evitar el perjuicio económico que ahora se produce al ayuntamiento "y especialmente a particulares, comercios y establecimientos".

Para el popular, el tripartito ha tramitado este asunto "de la peor forma posible" porque soslayó a la Comisión Municipal de Memoria Histórica y apostó por aplicar "criterios sectarios y partidarios" para aplicar la Ley contra los elementos franquistas.

"El tripartito aplicó el rodillo en su reinterpretación para reescribir la historia, y decidió cambiar unas calles y poner otras de forma tendenciosa y revanchista", ha asegurado el portavoz municipal del PP. Por ello, los populares entendieron que el procedimiento "se apartaba de la Ley" y que se cometía una "ilegalidad".

Dinero para reclamaciones

También que se habilite una partida económica en los presupuestos de 2017 (aún no enviados al Ministerio de Hacienda para el visto bueno antes de su aprobación definitiva) ante "posibles reclamaciones de indemnización de perjudicados directa o indirectamente por los cambios".

En este punto, ha declarado que tiene constancia de comercios que han encargado nuevos rótulos y bolsas con la nueva denominación de la calle, lo que les ha supuesto "un coste importantísimo".

De igual modo, que se evalúen los gastos generados por los cambios y reposiciones, y que la oposición pueda tener acceso a estas cifras, y que se acate el auto "con la misma agilidad" con la que se ejecutó el cambio del callejero.

Barcala ha rechazado que el PP haya judicializado la política, y ha sostenido que han sido obligados a ir a la Justicia para "defender los derechos fundamentales" que les asisten.