La Justicia deja de nuevo en evidencia la gestión de Mónica Oltra en los centros de menores

Toni Jiménez

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17/02/2022
Actualizado a las 12:37h.

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La Justicia ha dejado en evidencia la gestión de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, respecto a los centros de menores. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado la multa de 15.000 euros y el cierre durante tres años impuesto por el Gobierno autonómico al centro de menores de Segorbe , en una nueva resolución judicial que pone en entredicho la actuación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Esta misma semana se ha conocido que un juez ha citado a declarar como investigados a seis cargos de este departamento por su actuación en el caso de los abusos a una menor tutelada por parte del exmarido de Mónica Oltra, condenado a cinco años de cárcel por unos hechos cometidos cuando estaban casados.

Respecto al caso de Segorbe, la dirigente de Compromís desmanteló el centro del municipio castellonense de urgencia en 2017 y trasladó a los dieciocho menores que vivían allí a otros espacios, en lo que el TSJ consideró una «grave infracción del ordenamiento jurídico». El Supremo también determinó que el cierre fue ilegal , pues la Administración se saltó todos los procedimientos y la residencia acabó clausurando sus puertas por la falta de menores a los que cuidar.

Oltra señaló en una comparecencia parlamentaria que la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia servía comida caducada y castigaba a los niños con duchas de agua fría para justificar esta actuación tan inmediata y sin esperar a la réplica de las religiosas.

Sin embargo, el detonante de la polémica fue el conocimiento de una denuncia de abuso sexual a una menor por parte de un educador, que había sido despedido un año antes, pero que no se había comunicado a las autoridades. Oltra dio detalles en las Cortes Valencianas que permitían conocer la identidad del denunciado, al que la Justicia absolvió . Nunca fue indemnizado por ello.

Ahora, los tribunales vuelven a dar la razón las religiosas, pues la Conselleria incumplió los plazos en la elaboración del expediente sancionador. Los hechos de Segorbe coincidieron en el tiempo -entre finales de 2016 y principios de 2017- con los abusos por los que se condenó a Luis Ramírez Icardi , educador del centro Niño Jesús de Valencia casado entonces con la consellera, a cinco años de prisión.

Aunque sin consecuencias penales para la Conselleria, que no era parte en el proceso, la sentencia puso el foco en «la hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima» por parte de «quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla».

Además, cuestionó la «‘instrucción’ paralela» que se practicó cuando el asunto ya estaba en manos de un juez. Se realizaron unos informes que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat».

Sin embargo, ese expediente reservado -que incluía, entre otros, la valoración psicológica de la niña de 15 años realizada por un instituto independiente y que calificaba como poco creíble su versión- no se tuvo en cuenta en el primer juicio, por lo que la vista oral tuvo que repetirse parcialmente con idéntico resultado.

El Juzgado de Instrucción número 15 trata ahora de determinar si todos los que tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y no lo comunicaron a la Fiscalía de Menores hasta junio de ese año son responsables de presuntos delitos de encubrimiento , abandono de menor desvalido y omisión del deber de guarda y custodia.

Entre los imputados por parte de Igualdad se encuentra su directora territorial en Valencia, Isabel Serra, su homónima en Castellón cuando ocurrieron los abusos, así como una psicóloga y el jefe de la sección del Menor de la Conselleria; una funcionaria de este departamento que instruyó el expediente traspapelado; y una psicóloga del servicio de atención psicológica a menores víctimas de abusos sexuales de la Generalitat.

Asimismo, el magistrado cita a declarar como investigadas a la directora y a una psicóloga del centro concertado de la capital del Turia en el que residía la menor. En total, ocho personas comparecerán en sede judicial entre el 28 de febrero y el 3 de marzo.

La causa tiene su origen en la demanda que interpuso el abogado de la víctima, el líder de España 2000, José Luis Roberto, para pedir que se dilucidara si se desprotegió a la joven -ahora mayor de edad- para tapar el escándalo mediático. A la denuncia inicial de mayo de 2021 se sumó otra querella presentada por la asociación Gobierna-Te, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, contra la propia Mónica Oltra y otros subordinados, por el mismo asunto.

En cualquier caso, por su condición de aforada, la vicepresidenta solo podría ser imputada por el TSJ. En caso de que el juez instructor apreciara indicios de delito por su parte, tendría que elevar el asunto a este órgano.

De momento, el magistrado entiende que no es pertinente pues, según señala en su auto, el hecho de que Oltra haya manifestado públicamente conocer la existencia de un procedimiento y haber ordenado que se le mantuviera informada, no puede entenderse de forma suficiente para afirmar que, a la par, ordenara realizar actuaciones -en referencia al informe reservado- con el objeto de encubrir hechos en perjuicio de la víctima.

La dirigente de Compromís se defendió este martes asegurando que se trata de «una cacería política de la extrema derecha» que «no tendrá ningún recorrido». En ese sentido, reprochó al PP que no les importe «manchar el nombre de funcionarias públicas porque no tienen proyecto». Respecto a las peticiones de dimisión de la oposición, Oltra recordó sus comparecencias en las Cortes Valencianas e incidió en que «cada explicación ha tenido un papel detrás», motivo por el «ningún partido ha ido a denunciar».

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