Un informe de los economistas plantea ajustar la financiación autonómica a la población

Un informe del Consejo General de Economistas centrado la financiación autonómica de régimen común reclama revisar el concepto de población ajustada para que los fondos que reciba cada región sean proporcionales a su volumen demográfico según las necesidades reales de diferentes grupos. También plantea rebajar la aportación de los tributos de cada comunidad autónoma al Fondo de Garantía de los servicios públicos fundamentales.

El decano del Colegio de Economistas de Valencia, Juan Manuel Pérez Mira, miembro de la comisión creada para la realización de este estudio, ha presentado este lunes el informe junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien ha afirmado que existen cuestiones en las que no está de acuerdo "al cien por cien" pero que son "discutibles".

La reforma del sistema debe partir de un acuerdo sobre el volumen total de recursos que el Estado está dispuesto a poner a disposición del sistema, teniendo en cuenta que debe inyectar más recursos, por el aumento del gasto sanitario y, en menor medida, en educación.

También hay que cuantificar el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada comunidad de los tributos cedidos, y revisar los impuestos. En este punto, se plantea si un gravamen como el de Actos Jurídicos Documentados "tiene mucho sentido" en una economía desarrollada, si se redefinen impuestos como el de Patrimonio o sobre Sucesiones y Donaciones, el IBI o el IRPF.

El informe añade que es preciso redefinir la capacidad normativa de las CCAA en los tributos cedidos para preservar el principio de corresponsabilidad fiscal, y que el Estado dé un marco normativo a las figuras de los impuestos medioambientales.

El Consejo General de Economistas considera necesario revisar el concepto de población ajustada, que "no responde a un estudio rigurosos de necesidades" para que se refleje mejor el principio de necesidad. De esta manera, se ajustaría teniendo en cuenta a colectivos que requieren un mayor gasto educativo o más gasto sanitario.

Garantizar servicios

En cuanto a solidaridad entre regiones, propone modificar los porcentajes de distribución de los tributos autonómicos para que, si una comunidad aporta el 75 % al Fondo de Garantía de servicios públicos fundamentales y se queda un 25 %, se podría incrementar hasta un 40 % la reserva para financiar sus gastos y aportar al Fondo un 60 %, por lo que el Estado debería incrementar su aportación de recursos adicionales para garantizar los servicios.

Esa aportación de recursos adicionales quedaría compensada, en parte, con la eliminación de los fondos de suficiencia y convergencia, según el informe, que ve así un sistema "más simple y más transparente".

Pérez Mira ha asegurado que hay margen para hacer reformas que permitan conseguir recursos sin necesidad de aumentar la presión fiscal, y ha defendido que, si se apuesta por un sistema de gestión tributaria descentralizada, haya mecanismos para asegurar la máxima transparencia entre las agencias tributarias de cada una de las regiones.

Respecto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha opinado que debería estar "completamente ligado, incluso de forma constitucional" al poder legislativo, en lugar de al ejecutivo como ocurre ahora. El economista ha señalado que el informe constata la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, y la "paradoja" de que existan comunidades aportadoras netas que reciben una financiación por debajo de la media.

El conseller de Hacienda ha destacado que los ciudadanos deben tener una financiación parecida en los servicios públicos fundamentales, algo que no existe con el actual sistema de financiación, y ha lamentado que en la reforma de 2009 hubo "falta de riesgo" para alterar la situación de 2002 y por eso se produjo "una mejora pero no un cambio".

La comisión que ha realizado este estudio está compuesta por Ernesto Gómez como coordinador y Luis Caramés, Luis del Amo, Pascual Fernández, Salvador Guillermo Viñeta, Juan Manuel Pérez Mira, Jesús Quintas y Jesús Sanmartín.