La imputación de cargos afines estrecha el cerco sobre Barberá

La imputación masiva de concejales, exediles y asesores del Partido Popular en la ciudad de Valencia por un presunto caso de blanqueo de capitales ligado a la financiación irregular de la formación estrecha el cerco sobre Rita Barberá. La que fuera alcaldesa de la tercera capital de España entre 1991 y 2015 es la única integrante de los candidatos que resultaron elegidos en las pasadas elecciones municipales por el PP en Valencia —junto al independiente Eusebio Monzó— que no ha sido citada a declarar como investigada por el juez que instruye la operación Taula, la causa que investiga una «organización criminal» que amañó contratos en las Administraciones valencianas desde 2003.

La investigación de la Unidad del Crimen Organizado (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción que ha propiciado la imputación en masa del equipo de confianza de Barberá durante las últimas décadas deja a la senadora en una situación especialmente compleja.

El pasado viernes, en declaraciones a la Cope, sostuvo que durante sus veinticuatro años de mandato «nunca se ha amañado ningún contrato, ni ha habido mordidas ni financiación para financiar nada».

En cambio, los investigadores la creen al tanto del posible caso de blanqueo de la contabilidad «B» de la formación en la capital del Turia. De hecho, Carmen García-Fuster, considerada la «cajera» de la trama (era la encargada de cobrar los donativos a ediles y asesores y luego de devolverlos con dinero negro para blanquear capital procedente de comisiones), era una persona de la más estricta confianza de Barberá. García-Fuster fue detenida la pasada semana y quedó en libertad con cargos en contra del criterio del fiscal, que pedía prisión provisional. Igualmente, los concejales actuales imputados y los que dejaron la corporación tras las últimas elecciones formaban parte del equipo de confianza de Barberá. Otra de las líneas de investigación de la operación Taula se centra en los posibles amaños de contratos a cambio de comisiones en la Concejalía de Cultura en la etapa de María José Alcón, una de las ediles históricas del PP bajo los mandatos de Barberá. Alcón tuvo acta de concejal hasta 2011, pero en la anterior legislatura fue fichada como asesora del grupo popular en el Ayuntamiento. La difusión de unas grabaciones en las que se le escuchaba negociar el cobro de comisiones (que posteriormente han resultado claves en su imputación) provocaron su despido apenas diez días antes de la celebración de las elecciones municipales del pasado mes de mayo.

Grau, en el punto de mira

Alcón, casada con el exteniente de alcalde y exnúmero dos de Rita Barberá Alfonso Grau (procesado en el caso Nóos) fue detenida la pasada semana por su implicación en la operación Taula. Quedó libre bajo fianza de 150.000 euros. Este lunes, el que fuera concejal de Alumbrado Juan Vicente Jurado (también investigado) salió en defensa de Barberá, de la que proclamó su inocencioa y señaló a Grau como «el dirigente que movía los hilos».

Rita Barberá, que aunque fue la candidata más votada no obtuvo la mayoría suficiente para lograr su séptimo mandato consecutivo, renunció al acta de concejal tras ser elegida senadora territorial por el cupo del PP en las Cortes Valencianas. Por ese motivo, la exalcaldesa goza de condición de aforada y cualquier causa que le afecte debería derivarse al Tribunal Supremo.