La causa por amañar contratos en Administraciones valencianas se salda con 24 detenciones

Veinticuatro detenciones, 33 registros, 252 cuentas corrientes bloqueadas y 150 vehículos embargados son las cifras de la macrooperación desarrollada este martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas (Ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat).

La causa está abierta por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo.

[Así funcionaba la trama de corrupción en Valencia: políticos, empresarios, arquitectos y funcionarios]

Efectivos de la Guardia Civil han detenido este martes al expresidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular en la provincia Alfonso Rus por su presunta implicación en una trama de corrupción en la empresa pública Imelsa. Rus ha sido detenido en la empresa familiar que tiene en el Polígono Industrial de Xátiva, su localidad natal.

En el mismo operativo, dirigido por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia y bautizado como «operación Taula», ha sido apresado el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exalcalde de la localidad valenciana de Genovés y jefe de gabinete de Rus en la Corporación provincial Emilio Llopis. Además, han sido detenidos el exdiputado del PP David Serra y el exgerente de la Fundación Jaume II, Vicente Burgos. El exdiputado autonómico también está imputado en el 'Caso Gürtel', en concreto en la pieza que investiga la supuesta financiación irregular del PP valenciano.

En la operación está detenida también la mujer de Alfonso Rus y la exconcejal del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón y la secretaria del grupo popular en el Consistorio, Mari Carmen García Fuster. En total están previstas veinticuatro detenciones y que cinco personas resulten «investigadas» (actual figura de la anterior imputación judicial).

La operación investiga una supuesta red corrupta que ofrecía comisiones millonarias a cambio de contratos en Administaciones públicas, por lo que entre los detenidos se encuentran varios empresarios. La causa está abierta por delitos contra la administración pública en la empresa Imelsa y otras.

En la operación se han embargado 150 vehículos de alta gama y ha bloqueado un total de 252 cuentas corrientes, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos.

Según fuentes de la Unidad de Crimen Organizado (UCO) las investigaciones se centran en los contratos que figuran en las grabaciones intervenidas al exgerente de Imelsa Marcos Benavent. No se ha realizado una auditoría de la firma pública, sino que lso agentes han localizado los contratos, los han analizado y de ahí se han derivado las detenciones de los dirigentes políticos y de varios empresarios. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, «la práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo».

Según las mismas fuentes, el Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.

Registro en el despacho del PP en el Ayuntamiento

Los agentes de la UCO están practicando diferentes registros, entre ellos en la sede del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia y en las viviendas de los detenidos. En los registros están participando, además de los agentes de la Guardia Civil, dos de los tres delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, los fiscales Pablo Ponce y Vicente Torres.

La mayoría de concejales del PP se encuentra en el despacho del grupo a la espera de que comience el registro, a excepción de los que se encontraban fuera del Ayuntamiento como Félix Crespo o Eusebio Monzó. Algunos de ellos han podido salir, aunque tienen que permanecer localizados dentro del Consistorio. En el interior del despacho solo permanece el portavoz del grupo popular, Alfonso Novo, y el resto de concejales tienen que permanecer localizados por si tienen que hacer preguntas. Se encuentra a la espera junto a un agente de la Policía Judicial de que llegue la secretaria judicial para comenzar el registro.

En total, van a producirse 33 registros en los domicilios particulares de los investigados y también en empresas como Ciegsa (empresa pública dedicada a la construcción de colegios) y otras entidades como la Fundación Jaume II y la se del Club Deportivo Olímpic de Xátiva.

El origen del caso se remonta al año 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de Esquerra Unida en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.

De acuerdo con fuentes del operativo consultadas por ABC, no existe todavía una estimación del dinero que se habría defraudado.

El juzgado lleva investigando desde hace casi un año en colaboración con el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

El origen del caso

El caso se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.

Las grabaciones telefónicas

A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus (aunque él siempre negó que se tratara de su voz) contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".

Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.

También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación --estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015-- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia --fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat--.

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó "de todo" de la Diputación --aunque pensaba devolverlo, según dijo-- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño "a mucha gente" contando la verdad. "Va a salir mierda a punta pala", expresó.

Un «yonqui del dinero»

En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un "yonqui del dinero", describió su relación con Rus de "confianza profesional" y agregó que no compartía "muchas cosas" ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar "a todos los niveles".

Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.

Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.