Presunta financiación irregular del PSPV
El gerente de Crespo Gomar menciona una llamada del Ministerio antes de resolver el contrato que le adjudicó
Alberto Gomar afirma que su empresa no tenía capacidad para realizar el anuncio televisivo que se exigía
El gerente de Crespo Gomar -la agencia que realizó trabajos para PSPV y Bloc de cara a las elecciones de 2007- ha declarado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, encargado de la investigación de un contrato de 126.208 euros adjudicado por el Ministerio de Vivienda en el año 2009, cuando estaba dirigido por Beatriz Corredor.
La juez imputó a Alberto Gomar como responsable de la empresa al considerar que podrían existir irregularidades en el procedimiento que pudieran ser indiciariamente constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos.
Durante su comparecencia, ha admitido que recibió una llamada del ministerio en la que se le habría transmitido que podía presentarse al concurso, según fuentes conocedoras del interrogatorio. No ha concretado, sin embargo, más detalles de esa comunicación, aunque las mismas fuentes apuntan que tal vez su intención no fuera aspirar a ese contrato que finalmente se acabó llevando.
Otra de las afirmaciones llamativas ha sido el reconocimiento de que su agencia no tenía «capacidad» para realizar el anuncio televisivo que se incluía en la campaña sacada a concurso. Para ello tuvo que subcontratar a otra empresa, pero los plazos no cuadran con ello. El contrato se firmó el 29 de diciembre y un día después se presentó el trabajo, lo que parece un período corto de tiempo para subcontratar.
La investigación que se ha llevado a cabo durante el último año y medio en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia sobre la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) en las elecciones de 2007 ha puesto en la lupa en contrataciones efectuadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en las que la Fiscalía aprecia al menos tres delitos. Uno de ellos, el de Sanidad, ha sido archivado.
Alberto Gomar también está imputado por el juzgado de Benidorm que investiga los contratos a la agencia por parte de dicho Ayuntamiento cuando lo gobernaba el socialista Agustín Navarro para las instalación de unos opinómetros con fondos del Plan E.
