El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha descartado un nuevo
confinamiento domiciliario en la Comunidad Valenciana pese a la presión de sus socios de Gobierno de Compromís y Podemos y ha asegurado que «hay margen todavía para llegar a otras medidas» antes de adoptar un cierre total.
Puig «entiende» que los grupos políticos «hagan sus aportaciones», pero «el Gobierno tiene una posición» que en estos momentos se está desarrollando, en referencia a las restricciones que entraron en vigor el 7 de enero. «Cuanto menos ruido haya, mejor» para superar la pandemia, y por tanto, «todo el mundo ha de sumar», ha subrayado.
El jefe del Consell ha reiterado que «las medidas vigentes son de las más restrictivas de España», «un semiconfinamiento en la práctica» , y que «la prioridad en estos momentos es el cumplimiento estricto» de las mismas, por lo que ha vuelto a señalar la «corresponsabilidad» de la ciudadanía.
«No por aumentar las medidas vamos a aumentar la capacidad de respuesta», ha apuntado Puig, al tiempo que ha puesto en valor el refuerzo en la colaboracion entre los sectores implicados, las distintas administraciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad. En cualquier caso, esas limitaciones «se evaluarán» en los próximos días y, en función de ese estudio se actuará en consecuencia.
Eso sí, ha advertido el presidente autonómico, «un confinamiento domiciliario -que no es competencia del Consell sino del Estado - tiene consecuencias muy negativas sobre la salud» y será «la última opción posible».
Declaraciones de Puig -que mañana se reunirá con los líderes del PP y Ciudadanos, Isabel Bonig y Toni Cantó- tras el encuentro que ha mantenido este martes con los alcaldes de Valencia, Alicante y Elche, la alcaldesa de Castellón, los responsables de las tres diputaciones provinciales y el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Esta mesa institucional ha acordado crear un fondo económico de ayudas para los 33.000 empresas y autonómos de sectores que se han visto muy afectados por el coronavirus. Los consistorios serán los encargados de gestionar los 120 millones de euros que se destinarán a este plan y del que sufragarán el 20%. La mitad correrá a cargo de la Generalitat y el 30% restante lo añadirán las diputaciones.
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