La Diputación de Alicante recurre el decreto del plurilingüisme por «discriminatorio»

La Diputación de Alicante ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el decreto de plurilingüismo del Consell valenciano al considerar que la norma "discrimina gravemente" a parte del alumnado y vulnera la Llei d'Ús i Ensenyament del Valèncià (LUEV).

Así lo ha manifestado el portavoz del equipo de gobierno y diputado de Presidencia de la corporación provincial, Carlos Castillo, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los detalles del recurso presentado por la institución y que se suma a otras acciones judiciales de entidades y sindicatos contra el decreto.

Castillo ha detallado que la Diputación pide en su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la suspensión cautelar del decreto, que entró en vigor en febrero y que en ka práctica comenzará su aplicación a partir del próximo curso.

Ha argumentado que el decreto impulsado por la Conselleria de Educación resulta contrario a derecho y vulnera la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià "al obviar las zonas de exención" que expresamente incluye esa ley.

Menos inglés

También omite, a su parecer, el deber de "evitar cualquier discriminación por motivo lingüístico" por lo que "vulnera" los artículos 14 y 9.2 de la Constitución al "discriminar gravemente" a los alumnos escolarizados predominantemente en castellano -nivel básico- al impartir menos inglés y no acreditarlo frente a los que lo hacen mayoritariamente en valenciano.

Castillo ha aseverado que la Diputación de Alicante se siente "legitimada" para presentar el recurso para defender el interés general de la provincia.

De este modo, ha asegurado que el inglés "debe impartirse por igual en todos los ciclos formativos con independencia de la lengua vehicular que se haya escogido, sea esta el castellano o el valenciano".

Al respecto, ha incidido en las particularidades lingüísticas de Alicante, que es la provincia más castellanoparlante. De hecho, ha apuntado que tras el proceso de selección de los centros educativos se evidencia que la provincia recibirá "en cómputo global un 43% menos de carga lectiva en inglés que Castellón y un 15% menos que Valencia en lo que atañe a nivel avanzado".

Además, en términos porcentuales, el cuádruple de colegios con respecto a Castellón y más del doble que Valencia impartirán la línea básica, esto es, la que conlleva menos horas de inglés y carece de certificación final, ha apostillado.

Unos datos que resultaban "previsiblemente conocidos por la propia Conselleria", por lo que este decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano es, a su juicio, "especialmente discriminatorio" para la provincia de Alicante al "penalizar sus circunstancias sociológica y cultural con una menor impartición de la carga docente en inglés y la ausencia de certificación automática de dicho idioma".

En todo caso, ha destacado que la Diputación de Alicante apoya al idioma valenciano y a las familias que lo escogen como lengua vehicular en la educación de sus hijos y que este recurso no es "contra el valenciano y a favor del castellano". No obstante, ha dejado claro que el objetivo es "simplemente que todos los alumnos y alumnas puedan acceder en idéntica medida a una docencia de calidad, plural, respetuosa con la diversidad e integradora".

Modelo de libre elección

En este sentido, mientras que ha criticado al Consell por "ser incapaz de habilitar un cauce de diálogo y de consenso" y de "imponer" un modelo de educación y convivencia, ha defendido la ley de Plurilingüismo del Gobierno del PP en la anterior legislatura porque, ha apuntado, ofrecía un "marco de convivencia pacífica", a través de un "modelo de libre elección" de enseñanza y escuchando "todas las sensibilidades".

A ello ha agregado que este decreto ha nacido "cuestionado desde el principio" y ha citado los recursos anunciados por sindicatos y asociaciones de padres y madres de la Comunitat. Por su parte, la Diputación, según tiene noticia, ha sido la primera institución pública en formalizar un recurso contra el decreto.