Tribunales
La UCO cree que Máximo Caturla usó una mercantil para deshacerse de su patrimonio al saber que era investigado
La Guardia Civil contabiliza hasta siete operaciones entre 2014 y 2015 del exsecretario autonómico de Educación para «evitar medidas judiciales» contra sus bienes
La Guardia Civil desgrana en su último informe sobre Ciegsa dentro de la macrocausa de Taula -donde se indaga en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas- una serie de relevantes operaciones por parte del que fuera secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, cuyo fin habría sido el de afrontar de manera más favorable un posible procedimiento judicial .
La Unidad Central Operativa (UCO) concluye que el también exresponsable de la empresa pública de construcción de colegios de la Comunidad Valenciana tuvo conocimiento de que podía estar siendo investigado con anterioridad al inicio de la práctica de diligencias, por lo que habría decidido deshacerse de gran parte de su patrimonio con el objetivo de, señalan, «alejar la posibilidad de adoptar medidas cautales» contra sus bienes .
Los agentes describen una cronología relevante: una serie de acciones de despatrimonialización que tuvieron lugar entre 2014 y 2015 -un período muy corto de tiempo- pese a que el levantamiento del secreto de sumario de la causa -y por tanto la materialización de las actuaciones- no se produjo hasta enero de 2016 .
La mayoría de ellas se traducen en una concentración de patrimonio en la mercantil «Estilo Kikí» en perjuicio del patrimonio personal del propio Caturla. Todo al mismo tiempo que éste donó todas las participaciones que ostentaba en esa sociedad a favor de sus hijos.
Para la Guardia Civil resulta significativa la forma en la que se produjo esta donación, ya que Caturla -que en ese momento tenía 53 años- se habría reservado el usufructo vitalicio de la mayor parte de las participaciones que titulaba, teniendo derecho a ser beneficiario del reparto de dividendos y a voto. Es decir, resumen los agentes, «mantuvo su participación en el funcionamiento y cobró beneficios de la empresa, si bien se deshizo de la propiedad formal de la misma».
El hecho de que conociera que podía estar siendo investigado lo basan los agentes en la documentación encontrada en el registro del domicilio del exresponsable de Ciegsa. En concreto, unas anotaciones manuscritas que abordan «hasta lo que parece ser su estrategia ante una hipotética declaración en sede judicial» . «Atento a la pregunta y mira a la cara y me importa la pregunta. Me la puede volver a preguntar aclarando mejor lo que necesito saber», «bajo ningún punto de vista puede que le ganes al fiscal y te subas arriba» o «siempre humilde, no te subas arriba. El fiscal es nuestro amigo» son algunos de los ejemplos de frases redactadas de este modo por él mismo.
Las anotaciones, señala la UCO, «tendrían como objetivo el desvincularse de cualquier actividad ilícita durante el desempeño de sus cargos públicos, plasmándose desde lo que parecen ideas generales autoexculpatorias, que repasa hasta en tres colores diferentes de bolígrafo, hasta una relación de hitos económicos relativos a su persona y su entorno patrimonial de los últimos 25 años».
Algunas de ellas serían las siguientes: «Jamás he hecho nada conducente a conseguir fondos para el partido ni para mí»; «No he recaudado fondos ni para el partido ni para mí» ; «No he estado en esas tramas ni las he visto. Es más, he intentado alejarme de ese tipo de problemas»; «Intento colaborar en la medida que puedo».
El convencimiento por parte de la Guardia Civil de que Caturla sabía que estaba siendo investigado se ve apuntalado, destacan, por una de las declaraciones del exgerente de Imelsa Marcos Benavent en la que relata una reunión en diciembre de 2014 entre él, Alfonso Rus, Emilio Llopis y Rafael Soler en la que «le vuelven a insistir para que se vaya» de Imelsa dada la investigación en curso.
A todo ello se suman las publicaciones en prensa en 2015 sobre «la trama de comisiones en la Diputación de Valencia» o la denuncia de Esquerra Unida sobre el desvío de fondos por parte de Benavent; el hecho de que Caturla cambió de número de móvil en junio de 2015; y la contratación de los servicios de un despacho de abogados en julio de 2015.
Relación de operaciones
En cuanto al detalle de los bienes, la UCO expone que a fecha de julio de 2014 -cuando se interpone la primera denuncia que da origen a la investigación-, el exalto cargo de la Generalitat era titular de: cuatro inmuebles (una vivienda rústica, una nave industrial y una parcela rústica dedicada a la agricultura en Fontanars dels Alforins, y una vivienda urbana en Denia) y 18 vehículos adquiridos entre 1981 y 2012.
Ostentaba, igualmente, el 54% de las participaciones en la mercantil «Estilo Kikí» -si bien este porcentaje había sido mayor hasta unos días antes-, dedicada a la producción, elaboración, distribución y comercialización de productos alimenticios, así como su exportación e importación. La mercantil poseía, a su vez, sobre una decena de bienes inmuebles .
La minoración de patrimonio de Caturla comenzó en octubre de 2014 con la adquisición de una nave industrial propiedad de «Estilo Kikí» mediante un préstamo con garantía hipotecaria de 193.000 euros. Con el importe de este préstamo, canceló otro ya existente de la mercantil.
Un mes después suscribió un préstamo con garantía hipotecaria sobre una de las fincas que ya poseía por 300.000 euros. De esos fondos, 148.500 fueron donados a sus hijos con la finalidad de llevar a cabo una ampliación de capital en la mercantil y otros 96.000 euros fueron transferidos a «Estilo Kikí». En diciembre de ese año, Caturla dejó de ser titular de las participaciones de la firma, mientras sus hijos sucribieron la ampliación de capital.
Ya en 2015, vendió la vivienda de Denia por 307.000 euros y parte de ese dinero fue transferido de nuevo a la mercantil. Lo mismo que sucedió con la venta de dos naves industriales por 140.000 y 100.000 euros respectivamente.
También recibió dos abonos del banco Santander por importe de 69.897 euros como indemnización por su desvinculación definitiva a la entidad, para la que había trabajado algún tiempo. Este dinero fue a parar a «Estilo Kikí» y a un despacho de abogados.
Por último, en 2015 vendió 6 de los 18 vehículos a motor por un total de 17.096 euros.
