Así se ha «contagiado» el nacionalismo en la Comunidad Valenciana

La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, advirtió este domingo en la clausura del congreso regional de la formación en el que resultó reelegida del riesgo de «contagio del nacionalismo» catalán. Bonig reclamó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «justicia» para la Comunidad Valenciana en forma de inversiones que eviten que cale el discurso separatista.

Aunque la propia Bonig recalcó que en la Comunidad «nunca han triunfado las ideas nacionalistas y separatistas», la llegada de Compromís al poder en la Generalitat y los principales ayuntamientos ha abierto un escenario inédito de relaciones de colaboración con el Gobierno catalán -enfrascado en el proceso soberanista- y ha propiciado una lluvia de subvenciones a entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una entidad socia de los secesionistas catalanes de Òmnium Cultural.

El Gobierno que preside el socialista Ximo Puig concedió el año pasado subvenciones públicas por importe de, al menos, 354.390 euros a entidades que defienden el proceso soberanista catalán y la celebración de un «referéndum de autodeterminación».

De la mano de organizaciones como la propia ACPV o Escola Valenciana, el Gobierno valenciano está dando pasos en la dirección advertida este domingo por Bonig como el discurso respecto a los «agravios» del Estado; la inclusión de la competencia lingüística como condición para el acceso a la función pública valenciana; la marginación del castellano en la educación pública con un decreto de plurilingüismo que el Ejecutivo de Rajoy pretende denunciar en los tribunales; la colaboración con el Instituto Ramón Llull para la promoción de la cultura catalana en el extranjero; o la reciprocidad de las emisiones de la nueva televisión valenciana con la catalana TV3 y la balear IB3.

El Gobierno valenciano ha tomada como propia la hoja de ruta de ACPV, que la organización trasladó el pasado viernes en el Palau de la Generalitat de Cataluña a la consellera de Presidencia, Neus Munté.

En paralelo, el Ejecutivo que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra suscribió con los Gobiernos de Cataluña y Baleares la llamada Declaración de Palma, en la que se comprometían a formar un frente común ante las «políticas lesivas del Estado respecto al catalán». El acuerdo incluye reclamar al Gobierno central que financia la traducción del Boletín Oficial del Estado (BOE) al catalán.

La coordinación con los Ejecutivos de las autonomías vecinas está siendo liderada por los Departamentos de la Generalitat controlados por Compromís, cuyos líderes, con el conseller de Educación, Vicent Marzà, a la cabeza no han ocultado en el pasado su respaldo a las tesis relativas a los «países catalanes» y al proceso independentista.

Frente a estos postulados, el PP (que ha sido la formación más votada en la región en los últimos veinticinco años) sale de su congreso regional con la idea de enarbolar la defensa de las señas de identidad valencianas y con el objetivo de hacer valer su peso electoral para que el Gobierno contribuya con inversiones (con el Corredor Mediterráneo a la cabeza) y un nuevo modelo de financiación autonómica a disipar el «contagio nacionalista».