Tribunales

Condenan a la Diputación de Valencia por cubrir puestos de trabajo con becarios a cargo de PSOE y Compromís

La magistrada considera como personal laboral a los siete trabajadores que realizaban labores de comunicación en la corporación provincial

Imagen de archivo de la sede de la Diputación de Valencia ROBER SOLSONA
Toni Jiménez

Toni Jiménez

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El juzgado de los social número 8 de Valencia ha condenado a la Diputación de Valencia a considerar como personal laboral a siete becarios de su gabinete de comunicación . Tras la inspección de Trabajo se dio de alta a estos empleados, seleccionados a través de una convocatoria de prácticas formativas pese a que ni siquiera tenían un tutor asignado, en lo que ahora la magistrada define como una «relación laboral encubierta» .

El fallo considera probado que los becarios recibían las órdenes a través de un grupo de WhastApp o por correo electrónico, y dependían de los distintos asesores de Compromís y el PSPV-PSOE en la corporación provincial, quienes supervisaban su trabajo. Entre sus funciones se encontraba la redacción de notas de prensa o la difusión de contenidos a través de las redes sociales.

La Tesorería General de la Seguridad Social demandó en noviembre de 2019 a la institución y reclamó 105.872 euros por las cuotas impagadas entre febrero de 2018 y mayo de 2019. Una situación similar a la que se produjo en el departamento de comunicación de Presidencia de la Generalitat Valenciana , que llevó a eliminar la convocatoria de este tipo de becas.

La juez pone de relieve que los becarios «realizaban un trabajo propio del gabinete de prensa, lo que no era actividad de formación, pues no hicieron ninguna práctica formativa, ni fueron evaluados, y han estado sometidos a un horario, con un salario y con vacaciones», en lo que considera « un claro y evidente fraude de ley y abuso del derecho demostrado por la Diputación de Valencia».

Por ello recibían, en concepto de ayuda económica, mil euros brutos al mes , aunque en realidad se le dio carácter de salario, puesto que no se justificó ningún gasto. Según la sentencia, la Administración se benefició de ellos, y no al contrario, eludiendo la legislación laboral por «un menor coste».

De hecho, añade que ese trabajo, de no haber sido realizado por las personas becadas, tendría que haber sido desarrollado por personal propio o ajeno de la institución, «máxime cuando la propia Relación de Puestos de Trabajo de la administración provincial refleja tales puestos de trabajo que no están cubiertos ».

Además de estar incluidos en el organigrama del personal del gabinete, los falsos becarios tenían un horario fijo y realizaban guardias los fines de semana y festivos. Del mismo modo, fueron autorizados, como el resto de funcionarios, para acceder y utilizar las distintas aplicaciones informáticas del sistema y a la carpeta del empleado, al tiempo que desconocían el plan de formación - «no se les había informado ni facilitado ninguno» - ni tampoco había un proceso de evaluación de lo aprendido.

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