El Parlamento de Cataluña convalida el decreto ley con el que los nacionalistas quieren burlar el 25% de español
ERC, Junts y los comunes salvan la norma confesando que es un instrumento para evitar cumplir con la orden del TSJC
La mayoría parlamentaria que conforman los dos grupos del Govern catalán, ERC y Junts, y los comunes ha sido suficiente para la convalidación, este miércoles, del polémico decreto ley aprobado el 30 de mayo, que establece los criterios para validar los proyectos lingüísticos de los colegios y los institutos públicos y concertados. El resto de los grupos en el Parlamento de Cataluña han votado en contra de la convalidación del decreto ley.
El principal objetivo de este decreto ley, tal y como ha señalado el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, durante su intervención en el debate parlamentario, hoy, es burlar a los tribunales (en concreto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) para no aplicar la sentencia, de diciembre de 2020, que establece que español y catalán, en tanto que lenguas oficiales de la comunidad, deben estar blindadas con al menos un 25 por ciento de uso en las asignaturas.
«La lengua y el modelo de escuela catalana es una pieza fundamental de nuestro país», ha defendido el consejero de Educación, quien ha recordado que será él y el departamento que dirige los responsables legales de los proyectos lingüísticos («núcleo de la escuela», ha dicho), una vez sean validados, por lo que, en su opinión, los directores no tendrán responsabilidad jurídica. Y ha insistido en que, tal y como figura en el decreto ley, no se aplicarán porcentajes en estos proyectos.
Además, Gonzàlez-Cambray ha señalado que «los maestros y los profesores no escogen la lengua en la que hacen la clase», es decir, tendrán que utilizar el idioma que se establezca en los proyectos lingüísticos, por lo que ha dicho que «haremos seguimiento para que sea una realidad en las aulas». El decreto ley se ha convalidado con 71 votos a favor (ERC, Junts y los comunes) y 60 en contra. Se ha rechazado, también, que el decreto se tramitara mediante una ley, lo que hubiera permitido introducir enmiendas durante su tramitación.
El 25% en la escuela y el 80% en la universidad
El PSC, Vox, la CUP, Cs y el PP han votado en contra de la convalidación del decreto ley. Por su parte, Esther Niubó (PSC) ha advertido al consejero de que es «un desafío innecesario» a los tribunales, en general, y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en particular, citar expresamente en la norma que no se tienen que aplicar parámetros numéricos en los proyectos lingüísticos, que es justo la orden del TSJC a la Generalitat.
En esta línea, Niubó ha recordado la contradicción que supone que desde la Consejería de Educación se defienda que no se deben aplicar porcentajes lingüísticos en el reparto de las asignaturas, en las escuelas y los institutos, y, a la vez, desde la Consejería de Universidades se vaya en la dirección de obligar a los centros universitarios a que ofrezcan el 80 por ciento de las asignaturas en catalán. «Les está quedando un país muy pequeño y una universidad muy poco universal», ha dicho la portavoz el PSC en el debate, partido que presentó, defendió y aprobó la ley que da marco jurídico al decreto.
Manuel Acosta (Vox) ha calificado de «bellaquería» la práctica de los grupos nacionalistas y el Govern catalán cuando apelan a la separación de poderes «pero cuando una sentencia no les gusta, como se consideran ciudadanos de primera, por encima de la ley, no tienen reparo en rechazar el cumplimiento de la sentencia y mandar su incumplimiento y desobediencia». Y ha señalado que el decreto ley es, en su opinión, «un evidente fraude de ley» al pretender modificar el marco legislativo solo para saltarse una sentencia judicial.
Por parte de Ciudadanos ha intervenido Anna Grau. La diputada de la formación naranja ha felicitado irónicamente al consejero, así como al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, porque considera que «ya tienen lo que quieren, la lengua catalana convertida en un arma de guerra». Y ha añadido que con la aprobación del «decretillo», que es «una chulería más de una gente que se cree que está por encima del bien y el mal», el mal ya está hecho.
Lorena Roldán (PP) ha definido ley el decreto como «el decreto de la desobediencia», ha recordado que «en un Estado de derecho, el incumplimiento de la ley y las sentencias no es una opción», ha asegurado que el decreto ley se ha creado 'ad hoc' para incumplir la sentencia del TSJC de 2020 y firme desde 2021, tras el recurso de la Generalitat ante el Tribunal Supremo, y ha lamentado que «no tenemos un Gobierno decente que impugne el decreto y lo suspenda».
«La inmersión no se toca»
La CUP ha votado también en contra de la convalidación del decreto ley, pero por motivos distintos a los de los cuatro grupos constitucionalistas. Nogay Ndiaye (CUP) ha asegurado que «con este decreto se garantiza que sean las togas las que determinen la lengua en las escuelas», en contra de lo que defienden los tres grupos que han dado validez a la norma y, también, lo que advierten los cuatro grupos que han votado en contra.
Por parte de los tres grupos que han votado a favor, con argumentos similares y en la línea de lo manifestado por el consejero Gonzàlez-Cambray, Jessica González (comunes) ha dicho que «la inmersión no se toca» y ha añadido que «el catalán se tiene que defender siempre». Anna Erra ha intervenido en nombre de Junts y Mònica Palacín, en representación de ERC.
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