La ley de ruptura prevé la amnistía para los encausados por el proceso independentista

ABC. ES

28/08/2017
Actualizado a las 14:00h.

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Una república catalana que haría suyos el derecho y tratados de la Unión Europea, en la que la atribución de la nacionalidad catalana no obligaría a renunciar a la española, en la que el catalán, el castellano y el aranés serían lenguas oficiales y en la que quienes hayan sido condenados por «participar en la construcción del estado catalán» serán amnistiados, en clara alusión a Mas, Ortega y Rigau.

Son algunos de los detalles de la llamada ley de ruptura, la norma que, sostienen los independentistas, debería regir el tránsito del autonomismo a la independencia. El texto, presentado este lunes por diputados de Junts Pel Sí y la CUP, solo se pondría en marcha en caso de que gane el «sí» en la consulta prevista para el 1 de octubre, pero de llegar aplicarse sería la norma suprema a la espera de que se aprobase una Constitución catalana.

A falta de 35 días para la fecha fijada por los independentistas para el referéndum del 1 de octubre, Junts Pel Sí y la CUP han querido desvelar así una norma que, entre otros aspectos, prevé que la administración de la Generalitat suceda a la adminstración del Estado en Cataluña y contempla la subrogación de los contratos, convenios y acuerdos del Estado.

El texto, ha explicado el diputado de Junts Pel Sí, Lluís Corominas, cubre el periodo que va dese la celebración del referéndum a la de unas elecciones constituyentes . «Es un periodo en que no estamos legitimados a hacer nada más que llegar a unas elecciones constituyentes», ha añadido.

Corominas también ha apuntado que tanto Junts Pel Sí como la CUP están de acuerdo en el que la ley se apruebe antes del 1 de octubre, aunque no han querido desvelar ni cómo ni cuándo tienen intención de hacerlo. «Nos reservamos cualquier término y proceso que nos permita aprobar la ley antes del 1-O», ha dicho Corominas sobre la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

A nivel normativo, la ley de ruptura contempla la creación de una Sindicatura Electoral Catalana formada por siete miembros y prevé que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pase a ser un Tribunal Supremo que contará con una sala superior de garantías para resolver recursos sobre derechos fundamentales. La estructura de empleados «tendrá continuidad, seguirán con su plaza y tendrán las mismas retribuciones que hasta ahora», pero adaptándose a la nueva organización.

Según la norma, los miembros del Gobierno catalán tendrán inmunidad y quienes hayan sido encausados por su participación en el proceso independentista serán aministiados. «No es una amnistía a la corrupción sino a la lucha por la república», ha subrayado Salellas. Según el mismo texto, el fiscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Govern, «garantizando plena independencia»,

Pese a no concretar si se crearán unas fuerzas armadas catalanas, sí que se subraya que el Ejército español dejará de tener jurisdicción sobre Cataluña. También desaparecería la Agencia Tributaria, pasando todos los impuestos a ser gestionados por la Generalitat y las administraciones locales.

La ley también prevé, siempre que gane el sí, un proceso constituyente de seis meses para elaborar y aprobar una constitución catalana. Transcurridos esos seis meses, el presidente de la república disolvería el Parlament y convocaría las elecciones constituyentes.

La proposición de ley, que cuenta con 89 artículos, será presentada hoy al registro del Parlament y en las próximas semanas se irán conociendo los detalles. «Esta ley pone fin al 'procés'», subrayó el diputado de la CUP, Benet Salellas.

Mientras los diputados de la CUP y Junts Pel Sí desgranaban el texto ante la prensa, los principales líderes de la oposición han cargado con dureza contra la ley de ruptura.

Así, mientras que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha calificado el texto «un nuevo engaño de un proceso engañoso», el líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, considera que no son más que «fuegos de artificio». «¿En qué país civilizado se aprobaría una ley para crear o fundar una República en 33 días?», se pregunta Albiol.

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