«Los nacionalismos llevan años envenenando el debate lingüístico»
La lingüista y escritora Mercè Vilarubias propone una ley de Lenguas para resolver el actual conflicto en Cataluña
¿Podría partirse de cero en el debate lingüístico en España?¿Están dispuestos los políticos a dejar de usar la lengua de forma partidista e impulsar estrategias más inclusivas que respeten los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos? La lingüista y escritora Mercè Vilarrubias cree que sí y así lo expone en su libro «Por una Ley de Lenguas» (Editorial Deusto), que hoy debuta en las librerías, y en el que lanza una propuesta serena y valiente sobre cómo resolver los actuales conflictos lingüísticos en nuestro país. «Los nacionalismos han envenado el debate de las lenguas en España y el Estado se ha inhibido y no ha sido capaz de enmendar la situación», apunta la experta en lenguas. La receta milagrosa para paliar esta situación es una ley que parta del consenso y afronte dos objetivos prioritarios: garantizar a todos los ciudadanos el derecho a utilizar la lengua oficial del Estado –aunque se encuentren en una comunidad con lengua propia–, y que desde el Estado se promueva una política lingüística más inclusiva que incluya a todas las lenguas como lenguas del Estado.
Tras analizar los diferentes modelos lingüísticos imperantes en Europa y algunos países americanos, Vilarrubias concluye que «lo que sucede a nivel lingüístico en Cataluña no ocurre en ningún otro país del mundo» . «Los castellanohablantes no tienen ningún derecho reconocido en esta comunidad», apunta en una entrevista concedida a ABC.
Usted plantea enmendar con una Ley de Lenguas, lo que, según dice, han estropeado durante años los políticos, y conseguir, por primera vez, abordar este crispado debate desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, la convivencia y el bienestar común. ¿Cree que los partidos están dispuestos a dejar de usar este activo en sus programas?
El fruto de este debate no será inmediato. Tal y como apunto en el último apartado del libro, la propuesta de una Ley de Lenguas es una idea a la que seguramente aún no le ha llegado su tiempo. No obstante, estoy satisfecha porque he conseguido demostrar en este libro que el actual marco normativo permite hacer este cambio en el modelo.
¿Es consciente de que su propuesta no agradará ni a los nacionalistas ni a los defensores del español como única lengua de uso? Lo digo porque defiende, por un lado, que los alumnos que lo soliciten puedan ser escolarizados en castellano en Cataluña, pero también que el catalán, el gallego o el euskera puedan utilizarse en las instituciones públicas estatales y en las relaciones con el Estado...
Soy consciente, aunque la propuesta me parece sumamente enriquecedora para todos. Los planteamientos que solo atienden a una parte de las lenguas y sus hablantes son iniciativas que dividen y generan malestar.
En su libro es clara al apuntar las responsabilidades políticas en el conflicto lingüístico en España...
Ni el PP ni el PSOE han tenido un discurso propio en materia de lenguas. Los nacionalismos sí y lo han dirigido en torno a la protección de su lengua como base de su estrategia. También han aprobado leyes propias en este sentido. Los nacionalistas han instrumentalizado y envenenado el debate de las lenguas durante años y el Gobierno se ha inhibido. No han sido capaces de frenar esta ofensiva, aunque disponían de instrumentos legales para hacerlo.
¿Cómo resolvería la Ley de Lenguas la discriminación del castellano en Cataluña?
La inmersión es inconstitucional porque excluye el español como lengua vehicular en la enseñanza. En caso de una hipotética independencia de Cataluña, Europa no lo aceptaría. La única forma de cambiar el sistema es siendo fiel a lo que dice la Constitución, las leyes autonómicas y las diferentes sentencias judiciales. Una propuesta ajustada a la Ley de Lenguas sería garantizar al menos un 30 por ciento de castellano en la escuela catalana, ya sea estableciendo una doble red de centros o garantizando ese 30 por ciento en toda la escuela.
Su «ley de leyes» establece que el Estado determine la proporción razonable de bilingüismo en cada comunidad y concede a la autonomía el poder de ajustarla a su realidad. ¿Acataría Cataluña las decisiones del Estado cuando lleva años de desacato institucional y legal?
Es cierto. Sin voluntad política no puede haber ese cambio.La intención, no obstante, es con el paso de los años fomentar un cambio de mentalidad a través del debate. En Cataluña ha calado el discurso del odio hacia lo español. Aún hay gente que cree que el castellano lo trajo Franco.
