El Ministerio Público no ha encontrado indicios de delito por las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento a entidades como el Observatori Desc y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), según han confirmado fuentes municipales a Ep. Las diligencias de la Fiscalía se iniciaron a petición de la entidad Abogados Catalanes por la Constitución.
La denuncia apuntaba que Colau y su equipo del mandato anterior (incluyendo a Laia Ortiz y Gala Pin, entre otros) podrían haber cometido los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales y tráfico de influencias por la «reiterada y presuntamente injustificada» concesión de subvenciones a entidades.
«Ataques al buen nombre de entidades sociales»
El concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha celebrado que se haya archivado la investigación: «Cuando conocimos la denuncia ya dijimos que estábamos tranquilos y nos pusimos a disposición de la justicia». Y ha recordado que las subvenciones municipales pasan por controles internos, auditorias e informes pertinentes.
En opinión de Serra, este tipo de denuncias están pensadas para ser filtradas y minar el prestigio del Gobierno municipal de Ada Colau: «Son ataques al buen nombre de entidades sociales que hace años que trabajan con el Ayuntamiento desde antes que llegásemos al Gobierno».
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