Barcelona exigirá la ilegalización de la Fundación Francisco Franco
Los grupos municipales de BComú, PDECat, PSC, ERC y CUP aprobarán una moción para solicitar su desaparición, que creen que es un «acto de decencia»
En plena polémica por la exhumación de Francisco Franco , el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que este viernes aprobará una moción para exigir al Gobierno que inicie los trámites para ilegalizar la Fundación que lleva su nombre . Los grupos municipales de BComú, PDECat, ERC, PSC, la CUP y los concejales no adscritos han comparecido este mediodía conjuntamente para presentar la proposición, que se votará este viernes en el pleno.
Además de la votación simbólica en el pleno municipal, el Consistorio enviará esta semana un requerimiento al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que es el responsable de velar por la legalalidad de las actividades de las fundaciones, para reclamar formalmente la desaparición de esta agrupación.
"El objetivo es conseguir su ilegalización" , ha asegurado el teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Jaume Asens, en una comparecencia acompañado de los concejales Jordi Martí (PDECat), Montse Benedí (ERC), Carmen Andrés (PSC), Eulàlia Reguant (CUP) y los no adscritos Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé.
El portavoz municipal ha detallado que la necesidad de impulsar esta iniciativa ha surgido a raíz, en gran parte, de las intenciones comentadas de la Fundación de tener una subsede en Barcelona. "Su voluntad es provocar y amenazar a nuestros vecinos instalándose en nuestra ciudad cuando en 40 años no han tenido ningún indicio de venir a Cataluña", ha asegurado.
Así, las formaciones y entidades que arropan la medida denuncian, entre otros aspectos, que la actividad de la fundación es contraria a la Ley de Fundaciones, la Ley de Memoria Histórica e incluso algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
«Un anacronismo en Europa»
En este sentido, Asens ha remarcado que la petición es un "acto de decencia" y que el hecho de que la Fundación, que ha asegurado que realiza acciones que en otros países podrían ser consideradas delictivas, todavía no haya sido ilegalizada es "un anacronismo en Europa". "Tenemos que acabar con esta anomalía que atenta a los derechos humanos, que ofende a las víctimas del franquismo, a los represaliados y luchadores demócratas", ha aseverado.
La medida está arropada también por entidades como la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, SOS Bebés Robados, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, Amical Mathausen, Fundació Cipriano Garcia y Associació Memòria Històrica Catalunya, entre otras.
