Sergi Doria - SPECTATOR IN BARCINO
El «procés» empezó hace 30 años
El llamado Programa 2000 vio la luz en 1990: su objetivo: la infiltración nacionalista en todos los ámbitos
La deriva secesionista del nacionalismo catalán se remonta a 1989. Superado el caso Banca Catalana con mayoría parlamentaria, Jordi Pujol se plantaba ante el Estado. Atento al “contrapoder” municipal del maragallismo y la recién nacida Corporación Metropolitana, trazó con sus consejeros la ingeniería para controlar la “sociedad civil”; esto es, las entidades culturales y colegios profesionales, los medios de comunicación y el sistema financiero y educativo.
El llamado Programa 2000 vio la luz en 1990. Su objetivo: la infiltración nacionalista en todos los ámbitos. Su marco de actuación: los “Países Catalanes” con una Cataluña hegemónica; “nación europea emergente”, pero “discriminada” al no poder desarrollar “libremente” su potencial cultural y económico.
En lo cultural, el Programa 2000 fomenta las “fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico”: una Cataluña nacional-católica y natalista. En el sector educativo, plantea un encuadramiento que recuerda al Movimiento: apostolado docente del nacionalismo; control de la composición de los tribunales de oposición al funcionariado; cuerpo de inspección para vigilar la “catalanización” de profesores y alumnado; control de las asociaciones de padres (quedó patente en la colaboración de escuelas e institutos en el 1-O). En el ámbito económico, organizaciones sindicales y empresariales comprometidas con la construcción nacional; en el judicial, “criterios nacionales” en la justicia y el orden público.
El Programa 2000 constituye la matriz del “procés”. Además de TV3, altavoz propagandístico institucional, los medios catalanes callaron mientras el establishment convergente hacía y deshacía, con los resultados de todos conocidos. La inmersión lingüística sirvió de coartada para el adoctrinamiento. Los sindicatos UGT y CC.OO. compartirán lazo con Òmnium; la microscópica Intersindical del exconvicto Carles Sastre -asesinato de Bultó, EPOCA y Terra Lliure- organiza la huelga política del 21-D de la mano del sindicato docente Ustec.
En lo deportivo, el fracaso de las selecciones catalanas pasó el testigo de la politización al F. C. Barcelona. El club que Núñez preservó del pujolismo devino independentista con Laporta, Rosell y, ahora, Bartomeu. Acusado de tibio por permitir que el Barça jugara a puerta cerrada el 1-O, el actual presidente se quiere hacer perdonar dejando que la ANC reparta “esteladas” y pancartas a discreción; Gerard Piqué, solvente defensa y pésimo jurista, marca con el místico Guardiola la línea ideológica del club. Con su encendido alegato por los “presos políticos” parece postularse como el presidente ideal del independentismo.
Esa promiscuidad entre la política y el deporte -propia de sociedades totalitarias- hace que quienes se creen la República Catalana vean en la prisión provisional de Sandro Rosell un escarmiento por haber abierto el Nou Camp al “Concierto de la Libertad” que organizaron Òmnium y ANC en junio de 2013.
Otro ejemplo del acecho nacionalista a la sociedad civil es el intento de copar los colegios profesionales. En 2017, el presidente del Parlament, Roger Torrent, creyó que el Colegio de la Abogacía aplaudiría su alegato secesionista, pero le dejaron con el mitin en la boca.
El rechazo de quienes preservan la independencia de la justicia frente al poder político se plasmó en un comunicado de la Sección de Derecho Constitucional. Frente al posicionamiento del CICAC (Consejo de la Abogacía Catalana) -cuestionando el delito de rebelión y la acusación del Ministerio Fiscal-, la sección constitucionalista elogia las garantías procesales y jurídicas del Poder Judicial: “Pretender ningunear su credibilidad con la solicitud de observadores es hacer un flaco favor a la Justicia”, se decía el pasado 6 de febrero. La fiesta de los abogados por Sant Raimon de Penyafort se celebró este año a puerta cerrada con la clamorosa ausencia de la consejera Ester Capella.
El enésimo episodio de infiltración independentista tiene como fecha las elecciones a cámaras del 8 de mayo. A la candidatura de Enric Crous y José María Torres, -bendecida por la patronal convergente- y la de Carles Tusquets, por la independencia empresarial frente a la contaminación separatista que tanto daña nuestra economía, se añade la lista de la ANC con el Cercle Català de Negocis, Sobirania i Justícia y Fundació Catalunya Estat.
El objetivo es controlar el tejido empresarial. Verbigracia: unas cámaras alineadas -o alienadas, tanto da- con la República Catalana. En palabras de uno de sus promotores, el cómico Joel Joan: “Una herramienta del país y no al servicio de Madrid y su oligarquía”.
En su libro “Por nuestras calles”, el profesor Miquel Escudero vindica una sociedad abierta: “Las calles son de todos. Nadie se las puede apropiar”. El monopolio de Cataluña por una parte permite a esa parte -no mayoritaria, aunque ruidosa y organizada- pregonar, con total impunidad, que las calles son suyas: Colau admite que Ómnium cope la calle Diputación con una pantalla gigante para seguir el juicio de “sus” presos; es la misma alcaldesa que multó otra pantalla para seguir a La Roja.
Una victoria independentista en las próximas municipales culminaría ese “procés” que Pujol concibió hace treinta años.
