El gobierno catalán contrató a una firma para hacer lobby en EEUU ante el referéndum

El contrato establece una relación por tres meses a razón de 60.000 euros

Carles Puigdemont, durante su visita a Estados Unidos a finales del pasado marzo EFE

EFE

El Gobierno regional de Cataluña contrató a una firma especializada de Estados Unidos para hacer «lobby» ante las autoridades y empresarios norteamericanos por la convocatoria de la consulta ilegal de independencia del 1 de octubre , como ya informó ABC el pasado 16 de septiembre. «La región "separatista" española de Cataluña confía en SGR» , publicó esta semana en su cuenta personal de Twitter Jim Courtovich, directivo tanto de esa firma dedicada a «las relaciones gubernamentales y el lobby» como de su «empresa hermana» en el sector de las relaciones públicas, Sphere Consulting.

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El directivo de estas empresas, con sede ambas en un céntrico edificio de Washington a apenas tres manzanas de la Casa Blanca, incluyó un enlace a una noticia de O'Dwayers, un medio especializado en información sobre empresas de relaciones públicas, que confirma que el Gobierno catalán contrató a SGR en agosto pasado .

Según la información, fechada el 2 de octubre, el día posterior a la consulta ilegal de independencia, el contrato es por tres meses y tiene un coste de 60.000 dólares , pero es renovable mes a mes, si así lo deciden las partes, a razón de 20.000 dólares mensuales.

Aunque O'Dwayers informa con detalle sobre lo acontecido en la consulta del domingo pasado, sobre el propósito del contrato sólo indica que SGR debe apoyar «los esfuerzos de comunicación en curso entre los gobiernos y las comunidades empresariales de Cataluña y los Estados Unidos».

Además, asegura que tanto Courtovich, que es el fundador de Sphere, como Graham Miller, su socio, están directamente involucrados en el manejo de la cuenta con el Gobierno regional que encabeza Carles Puigdemont.

Jim Courtovich , cuya cuenta de Twitter ha estado muy activa los últimos días con motivo del referendo secesionista catalán, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español , se ha visto salpicado por un caso de presuntos sobornos destapado a comienzos de año por el diario The Wall Street Journal.

Según el rotativo, que citaba fuentes y documentos del caso, la oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Justicia investigan si Courtovich o algún empleado de la empresa National Media, en la que fue consultor, ayudaron a un lobista llamado Evan Morris a ocultar el cobro de sobornos de empresas farmacéuticas.

Según el rotativo, Morris pudo haber dado a tres empresas vinculadas a Courtovich, incluida National Media, decenas de millones de dólares en contratos entre 2005 y 2015.

Los investigadores federales, según The Wall Street Journal, sospechan que parte del dinero que las farmacéuticas pagaron a las empresas relacionadas con Courtovich terminó en las cuentas personales de Morris o se usan para que éste comprase artículos de lujo.

National Media rechazó entonces esas acusaciones e informó de que cualquier intento de identificarla de otro modo que no fuese como « una parte inocente y víctima de un engaño , sería muy impreciso».

En marzo pasado, haciéndose eco de posibles dificultades para lograr nuevos clientes por ese caso, el diario Politico daba cuenta de la firma por parte de la empresa de Courtovich de un contrato para servir de lobista para la compañía de biotecnología A&C Laboratories.

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