Familias del colegio de Canet piden al TSJC que se revoque el 25% de castellano y siga la inmersión

«Tenemos derecho a reclamarlo. La ley ampara también a las familias que pedimos el catalán como lengua integral y vehicular en la escuela». Veintiocho padres de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), en la que desde el pasado 9 de diciembre y en cumplimiento de unas medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se imparte un 25 por ciento más de castellano en una clase de P5 (último curso de Educación Infantil), han enviado un escrito ante el citado tribunal en el que piden que se revoquen esas medidas y se mantenga la inmersión en catalán.

Las medidas que pretenden paralizar estas familias responden a la petición de los padres de un alumno del aula que pidió más castellano para su hijo y que fue acosada en las redes por su reclamación. El 10 de diciembre, el TSJC adoptó una provisión en la que ordenaba al consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la dirección del centro a que adoptaran «las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» del citado menor y de la familia ante la campaña de acoso que sufrían.

Ahora, este grupo de familias que representan a 30 de los 45 alumnos del aula, recurren a los tribunales para exigir que ese porcentaje de castellano concedido a la familia por los tribunales desaparezca y prevalezcan los derechos de los padres que quieren educación íntegra en catalán.

Los padres que han elevado su petición al TSJC actúan por su cuenta, según dicen, y lamentan que la Generalitat no les haya tenido en cuenta antes en sus respuestas judiciales . «La Generalitat tenía la obligación de comunicar a los afectados las accciones que iba a emprender relativas al centro. Desde el punto de vista de una estrategia jurídica la posición de la Generalitat hubiera sido más reforzada con la representación de las familias», han asegurado los portavoces de los padres demandantes en una rueda de prensa celebrada esta mañana en Canet de Mar. «El monopolio del debate se ha hecho desde una perspectiva de administración pública », han lamentado.

Las familias han avanzado también que «intentaremos llevar a la calle nuestro posicionamiento» con acciones que concretarán en los próximos días. Las familias, que confían en que el TSJC les reconozca su «posición de interesado» en el conflicto, esperan que otras familias de centros en los que por orden judicial se aplica un 25 por ciento más de castellano sigan su estela y recurran a la justicia. «No nos constan iniciativas concretas como la nuestra pero algunas familias de otros centros han mostrado interés por conocer la nuestra», han precisado en declaraciones a los medios.