Los delitos y penas a los que se enfrenta Artur Mas por la consulta del 9-N

Las consecuencias judiciales por seguir adelante con la consulta ilegal del 9-N empiezan a cernirse sobre Artur Mas. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa por la consulta secesionista del 9-N ha finalizado la investigación del caso y ha concluido que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.

Según el juez, los imputados «adoptaron aquellas resoluciones decisorias y necesarias, algunas en forma verbal, para poder llevar a cabo el proceso de participación del 9N», como fue impulsar la instalación del software necesario para la votación, la cesión de los centros docentes que acogieran los urnas, el traslado de ordenadores y la instauración de un centro internacional de prensa para dar publicidad a los resultados

Concretamente, el TSJC sostiene que Mas «consintió y no paralizó» los procedimientos de contratación sobre la consulta, que a su parecer «comprometían recursos públicos de la administración catalana», algunos de carácter «tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc» o la difusión de una campaña institucional en los medios.

En un principio, los delitos por los que se imputaba a Mas eran tres y todos ellos de especial gravedad: malversación de fondos públicos, desobediencia grave y prevaricación administrativa. En el auto del magistrado se acusa a Mas, Rigau y Ortega, indiciariamente, de los dos últimos delitos pero no de malversación de fondos públicos, como también contemplaba la Fiscalía en su querella y otras acusaciones. Curiosamente, el de malversación de fondos públicos es el único de los tres delitos que puede acarrear penas de cárcel, además de inhabilitación, si se demuestra que los acusados se lucraron personalmente con el dinero o si no lo devuelven

Por tanto, ahora ya son dos los delitos a los que finalmente se enfrentaría Artur Mas cuando se siente en el banquillo ante el juez:

- Desobediciencia grave: el castigo que afronta por este delito es la multa de tres a doce meses e inahibilitación especial para ejercer empleo o cargo público durante un mínimo de seis meses a un máximo de dos años.

- Prevaricación administrativa: por este delito el Tribunal Superior de Cataluña puede imponerle una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre siete a diez años.