El Constitucional ha de mover ficha

Pasaron las elecciones generales y el tsunami radical que se esperaba no ha llegado. Por Cataluña apenas un movimiento. Los podemitas, de doce a doce diputados; los de Esquerra, de nueve a nueve; los convergentes, de ocho a ocho; los socialistas pierden uno de los ocho que tenían; lo gana el PP, que alcanza el sexto; y los de Albert Rivera se quedan con los cinco que obtuvieron en diciembre. Así estábamos por esta tierra hace seis meses y así estamos. Sin cambios, porque los ciudadanos no se equivocaron, quienes no lo entendieron fueron los políticos que ahora se supone que habrán aprendido.

Sinceramente, al aficionado a los toros en Cataluña nada le va a afectar el resultado electoral del 26-J.

Y no nos va a afectar porque peor no nos podía ir. Si el mapa político en esta Comunidad perdida por un tortuoso camino de futuro no es favorable para que la Tauromaquia sea una actividad totalmente normalizada, no es menos cierto que hay que seguir teniendo fe en la justicia.

En una justicia que con su retraso lleva maltratando a una parte de la sociedad catalana, la que es aficionada a los toros. Ni muchos ni pocos, pues no es cuestión de cantidad. Y me refiero a los más de cinco años -ya va para seis- que el Tribunal Constitucional lleva para resolver el recurso contra la prohibición de las corridas de toros aprobado en el Parlament en 2010.

Si los magistrados del TC han esperado un momento político idóneo para sentenciar, ahora ya no tienen excusa, ya que el mapa político no ha cambiado. No tiene sentido esperar más. Esa resistencia taurina, esos aficionados a quienes se les cercenó la libertad para asistir a una plaza de toros, tienen derecho a saber si la decisión del Parlament vulneró además sus derechos como ciudadanos catalanes. Tienen derecho a seguir luchando por su pasión. El Constitucional ha de mover ficha, cada vez se entiende menos su silencio.