Las asociaciones en defensa del bilingüismo anuncian querellas contra el consejero si incumple el 25%

Cs registra una proposición de ley para romper con el modelo de inmersión y que el catalán, el castellano y el inglés sean lenguas vehiculares en la enseñanza

Carpa informativa de 'Escuela de Todos' en Vic (Barcelona) A. QUIROGA

Esther Armora

Las asociaciones en defensa del castellano y la libre elección de lengua que han reclamado la ejecución forzosa del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone un 25 por ciento de castellano en todos los centros catalanes han anunciado que abrirán la vía penal y presentarán una querella por prevaricación contra el consejero de Educación Josep Gonzàlez-Cambray si no se aplica la sentencia en 15 días. Así lo han afirmado en declaraciones a este diario portavoces de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y de Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidades que forman parte de las dos plataformas sociales que se han creado para forzar a la Generalitat a acatar el fallo.

Desde 'Escuela de Todos' , plataforma liderada por la AEB, se advirtió a la Generalitat de que la plataforma no se quedará pasiva, si no se cumple la sentencia y anunciaron que no descartan emprender acciones legales. «Somos muy cuidadosos con la acción penal, es la última ratio, pero no la descartamos», advirtieron desde 'Escuela de Todos'. También anunciaron que se informará a todos los directores sobre las posibles responsabilidades derivadas del incumplimiento.

Por su parte, Àngel Escolano , presidente de CCC, que, junto a Hablamos Español , integran la plataforma de Ampas, ' Ampa Total' , la otra gran iniciativa que ha reclamado la ejecución forzosa de la sentencia, ha avanzado en declaraciones a ABC que « no dudaremos ni un minuto en abrir la vía penal y presentar una querella contra el consejero si sigue sin acatar el fallo». «La interlocutoria del TSJC es una buena noticia. Lo esperable es que el TSJC nos legitime también como asociación . La Generalitat no tiene ningún argumento para mantener el desacato», precisa Escolano.

En su interlocutoria, el TSJC encomienda a la Alta Inspección educativa la función de comprobar si se ejecuta el 25 por ciento de castellano en los centros educativos. Ayer fuentes del cuerpo estatal avanzaron que la Alta Inspección actuará una vez pasados los 15 días que tiene de margen la Generalitat para aplicar la sentencia y lo hará dentro de sus competencias y de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales. En todo caso, las mismas fuentes también precisaron que los inspectores no entrarán en los centros educativos, sino que el procedimiento será otro y se comunicará primero al TSJC.

«Sistema trilingüe de alternancia de lenguas»

Por otro lado, Cs ha registrado este miércoles una proposición de ley para implantar «un sistema trilingüe de alternancia de lenguas» con el catalán, el castellano y el inglés como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo en Cataluña, modificando la Ley de Educación y la de Política Lingüística.

Apuesta por que el proyecto lingüístico de cada centro distribuya el uso del tiempo lectivo en un 25 por ciento en catalán; otro 25 por ciento en castellano, y otro en inglés, y que el 25 por ciento restante se pueda destinar al idioma que escoja cada centro en función de sus necesidades y preferencias.

El líder de Cs en Cataluña , Carlos Carrizosa, y la diputada Anna Grau han registrado la propuesta en el Parlament después de que el TSJC haya ordenado ejecutar la obligación de impartir el 25 por ciento en castellano, y ante el debate sobre la modificación de la Ley de Política Lingüística.

Sin acuerdo político para modificar la Ley

PSC-Units, ERC, Junts y comuns promovieron la modificación de esta norma con el objetivo de asegurar la vehicularidad del catalán: Junts pidió más tiempo para buscar un acuerdo con entidades que fueron críticas, y el resto de grupos urgen a aprobarla -el presidente del Govern, Pere Aragonès , ha pedido este mismo miércoles cerrar un acuerdo esta semana-, informa Ep.

La propuesta de Cs plantea suprimir el artículo 15 de la Ley de Educación, que establece que la consejería promueva «estrategias educativas de inmersión lingüística» que aseguren el uso intensivo del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje.

Defiende que el aprendizaje de la lectoescritura se pueda realizar en la lengua materna del alumno hasta tercero de Primaria: quieren que los padres o tutores expliciten en P3 cuál será la lengua , y que a partir del segundo ciclo de Primaria las lenguas se distribuyan en porcentajes del 25 por ciento.

No separar alumnos en función de la lengua

En su propuesta, Cs defiende que «los alumnos no pueden ser separados en centros ni en grupos distintos en razón de su lengua», a excepción de un régimen singular que plantea en determinados casos y por el periodo de un curso.

Proyecta este régimen singular temporal para que «los alumnos de nacionalidad española que ganen vecindad administrativa en un municipio catalán» puedan desarrollar su primer curso tras el empadronamiento con todas las materias en castellano, mientras reciben una formación intensiva de catalán -también fuera de horario lectivo- para poderse incorporar al régimen ordinario al siguiente curso.

Al proponer que el inglés pase a ser también lengua vehicular, incluye en la propuesta que la consejería ponga en marcha un Programa de Capacitación Intensiva en Lengua Inglesa para Docentes con el objetivo de que adquieran y acrediten el nivel de conocimiento equivalente al C1 en un plazo de cinco años.

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