El alcalde de Tarragona, a un paso de ir a juicio por corrupción
El juez cree que dinero público para atender a inmigrantes se destinó a propaganda del PSC
El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, está a un paso de ir a juicio después de que el juez haya cerrado la instrucción del caso Inipro, de supuesta corrupción en el departamento de servicios sociales del Ayuntamiento. Ballesteros se sentará en el banquillo procesado por malversación, prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.
El juez sospecha que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona contrató a la empresa Inipro para dar un servicio de atención a los inmigrantes pero que, en realidad, a lo que se dedicaron fue a promocionar al propio alcalde. La investigación parte de una denuncia de Laia Estrada, actual portavoz de la CUP, que, tras las quejas públicas de trabajadores del IMSS, señaló a Ballesteros por este contrato de Inipro, que se firmó en 2010 y se prorrogó en 2011 y 2012, supuestamente de forma irregular porque tendría que haber vuelto a convocarse un concurso.
Tanto desde la secretaría como desde intervención avisaron al alcalde de esta irregularidad, pese a lo que Ballesteros autorizó en siete ocasiones que se pagara a Inipro un total de 215.000 euros repartidos en 21 facturas. Lo hizo porque también se le advirtió de que los trabajos supuestamente se habían realizados y debían pagarse, con lo que, de no hacerlo, podrían cometer un delito de enriquecimiento injusto. Sin embargo, el juez considera que estos trabajos no están acreditados y que en realidad se trataba de un entramado para hacer propaganda del PSC. Así, bajo el paraguas de Inipro, «personas determinadas, afiliadas o simpatizantes» socialistas cobraron dinero público por hacer «de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales».
Peticiones de dimisión
Un total de 15 personas continúan imputadas en al causa. Entre ellos, la concejal de Fiestas, Cultura y Patrimonio, Begoña Floria (PSC); la exconcejala de Servicios Sociales Victòria Pelegrin (PSC); el exjefe de gabinete de alcaldía Gustavo Cuadrado, y el exgerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMMS) Antonio Muñoz. Todos los que ya estaban siendo investigados continúan como encausados, pues solo se ha archivado la causa contra un empresario recientemente fallecido.
La CUP y ERC han reclamado ya la dimisión de Ballesteros, una vez que ha trascendido el cierre de una investigación que le acerca al banquillo.
