Aunque entienden «la preocupación» de la Junta por el «eventual desmantelamiento» de la central burgalesa de Garoña que podría provocar la pérdida de cientos de empleos, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, en palabras de su secretario general, José María Mollinedo, considera que la propuesta de imponer un tributo por este motivo a Endesa e Iberdrola «tiene un difícil encaje tanto técnico como jurídico». Y es que «establecer un impuesto a una activdad que se acaba no está entre los preceptos que aparecen en el artículo 31,1 de la Constitución que fija los princpios tributarios».
Para Mollinedo, es «difícil de justificar» que el desmantelamiento «sea una actividad sujeta a imposición» y «menos aún con una tasa tan alta, en palabras de la consejera, como para hacer repensar el cierre a las eléctricas, sobre las que auguró que «recurrirían de inmediato» esta posible norma.
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