El sector denuncia la existencia de hasta 3.000 viviendas turísticas en la clandestinidad

Precio, comodidad, espacio, independencia... Son muchas las razones que impulsan cada vez más a los turistas a «chequear» plataformas «on line» como Airbnb, Niumba o Homeaway para buscar un alojamiento en su destino. Los jóvenes son sus principales potenciales clientes, aunque también familias que quieren un lugar en el que puedan continuar con su rutina horaria durante sus vacaciones. Pero la mayor demanda de esta opción vacacional ha llevado aparejada otro fenómeno, el incremento de viviendas que son usadas en la clandestinidad como alojamientos turísticos. No están cometiendo ninguna ilegalidad, sino que están en una situación «alegal» porque actualmente no existe ninguna normativa autonómica que las regule. En la Comunidad, según los datos que maneja la Asociación de Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Apartucyl), existen «alrededor de 3.000» alojamientos de este tipo, predominando fundamentalmente en ciudades de mayor afluencia de visitantes como Segovia o Salamanca.

Incertidumbre para el turista, incomodidades en las comunidades de vecinos... Son muchos los problemas que están acarreando este tipo de viviendas de uso turístico. Por no mencionar la economía sumergida y «competencia desleal» respecto a otro tipo de alojamientos como los apartamentos, que sí están regulados. Hace tiempo que el sector lleva denunciando este problema, al que la Junta quiere poner coto con la aprobación «en los primeros meses del año» de un decreto que regule estas viviendas.

El director general de Turismo de la Junta, Javier Ramírez, recuerda que este fenómeno surgió primero en las grandes capitales europeas y que tras trasladarse a Madrid y Barcelona se ha ido extendiendo a otras comunidades. «Podríamos decir que es la consecuencia negativa de una buena noticia, que es la positiva evolución del sector turístico y el crecimiento de la demanda».

Conscientes del problema y de que estaban ante un tipo de alojamientos que no podían ser regulados con lacactual normativa de apartamentos turísticos -que debe incorporar, como mínimo, dos unidades de alojamiento-, el Gobierno regional lleva trabajando meses en este decreto que ha pasado ya por el Consejo de Turismo y el Gobierno Abierto, ha recibido el informe favorable del Consejo Económico y Social (CES) y actualmente se encuentra en tramitación en el Consultivo. Según detalla Javier Ramírez a ABC, la Dirección General de Turismo ha querido con esta norma buscar «una postura de equilibro» entre «quienes optan por entender que se trata de una actividad privada en el marco de un concepto de economía colaborativa» y «quienes entienden que debe someterse a una estricta regulación que defina pormenorizadamente requisitos como el tamaño, las instalaciones o el equipamiento». Así, desde la Junta se ha entendido que se trataba de una actividad que debía ser regulada con «la suficiente flexibilidad para que no suponga un corsé a la iniciativa privada ni frenase un sector dinámico y cambiante», pero que cumpliera con dos objetivos: por un lado, «evitar los agravios comparativos con los empresarios que están pagando sus impuestos y tienen que cumplir sus obligaciones tributarias»; y por otro, «garantizar los derechos y la seguridad del turista, y asegurar esa imagen de calidad que se está buscando en el resto de políticas turísticas».

Situación «dramática»

Con estos fines tratará de solucionar las principales quejas del sector de los apartamentos turísticos que según Carlos Inestal, el presidente de Apartucyl, están «viviendo una situación dramática». En este sentido detalla que desde la asociación que preside y que engloba a «una treintena de apartamentos» se ha dado cuenta a la Junta de «más de 70 viviendas que están funcionando de forma ilegal», denuncias que «han quedado en nada y la única explicación que nos dan es que son incapaces de localizar a los dueños y gerentes de estos establecimientos». Desde esta asociación calculan que, sólo en Salamanca, puede haber «entre 300 y 500» alojamientos clandestinos.

«De cada cuatro viviendas de uso turístico que hay se destruye un puesto de trabajo», añade el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Valladolid, Francisco de Frutos, quien cree que este fenómeno está haciendo mucho daño «al empleo reglado, a la recaudación de impuestos y a los que competimos de forma reglada», además de generar «incertidumbre en el destino».

Más inspección

Desde el sector no sólo ven muy necesaria esta nueva norma sino impulsar la inspección: «Es una locura que en el caso de Salamanca sólo haya un inspector para todos los bares, restaurantes y establecimientos hosteleros, que son más de 2.000», se queja Inestal. «Es algo que contemplamos», responde el director general de Turismo ante la protesta de los empresarios, y recuerda que el programa de medidas contra el intrusismo y la actividad clandestina contiene un plan de inspección que se está ejecutando a través de convenios firmados con ayuntamientos y las respectivas policías locales. No obstante, con el nuevo decreto, explica Javier Ramírez, no sólo se asegurará la inspección «física» sino también «el control de la comercialización en plataformas de internet», para lo cual en la regulación, además de los requisitos que deben cumplir cada una de las estancias del alojamiento, se incluye, como novedad, que «cualquier publicidad de cualquier vivienda que se incorpore a este tipo de plataformas tiene que incluir el número de registro de actividades turísticas de Castilla y León». «Si sabemos que aparece un número de registro es porque cumple los requisitos del propio decreto», explica Javier Ramírez, insistiendo en que será también «muy útil» de cara a controlar la «actividad clandestina». Además, añade que éste incorpora «la obligatoriedad de cumplir las normativas sectoriales que pueden afectar a este tipo de viviendas en materia de sanidad, consumo, prevención de incendios...», lo que «garantiza la seguridad del turista». La norma verá la luz meses después de que las Cortes defendiese la necesidad de regular este sector, transcurridos ya seis años desde que se publicase la Ley de Turismo. La iniciativa fue defendida entonces por el procurador socialista José Luis Aceves con el fin de que el sector «no caiga en la economía sumergida».