Salvar el Archivo exige a los partidos políticos que lo «blinden» en sus programas electorales

La asociación reclama que incluyan la derogación de la actual ley de cara a las elecciones del 28 de abril

Gonzalo Santonja, Policarpo Sánchez y Antonio Piedra, ayer en Salamanca D. ARRANZ

NUNCHI PRIETO

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, pidió este pasado martes a las formaciones políticas que incluyan en sus programas electorales la derogación de la «Ley del expolio del Archivo de Salamanca» -la 21/2005, de 17 de noviembre- una norma que «destruye un Archivo Histórico Nacional para favorecer y contentar a unos partidos separatistas catalanes en contra de todos los españoles».

Esta orden, añadió, «enfrenta a los españoles en función del lugar en el que viven o vivieron sus padres» para concluir que «una ley que destruye un Archivo Histórico Nacional es una mala ley y cuanto antes la deroguemos, mejor». De este modo, reclamó a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales «el compromiso de presentar para su aprobación en el Congreso de los Diputados una nueva norma que blinde el Archivo de Salamanca para que no se entreguen más documentos» y para que exija a la Generalitat de Cataluña la devolución de «los 400.000 documentos que mantiene ilegalmente en su poder, aquellos que no son catalanes y que nunca debió recibir, aquellos que no ha restituido y aquellos que ha restituido a quienes no son sus propietarios», añadió.

Anunció que durante los dos meses que quedan por delante hasta el cita electoral del 28 de abril, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca «no va a parar ni un momento» para que no se entreguen más legajos a los «separatistas catalanes».

«No han hecho nada»

Por su parte, los directores del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, y de la Fundación Jorge Guillén, Antonio Piedra, que participaron en la charla-coloquio «Archivo de Salamanca: La ruptura de España papel a papel», calificaron de «absolutamente imprescindible» que los partidos políticos reaccionen y recordaron que en 2007 ya se reclamaron los 400.000 documentos.

«La Ley ha sido flagrantemente incumplida», sostuvo Santonja porque, según sus palabras, «nunca se ha intentado devolver ni un solo papel ilegal: ni quien tenía la obligación les ha pedido que la ley se cumpliese ni los que la están infringiendo han hecho nada por reparar su desobediencia».

Finalmente, lamentó que tras doce años estemos «infinitamente peor» cuando los partidos que tenían que haber reclamado esos documentos «han guardado silencio. Al tiempo, Piedra insistió en que la Ley «se puede cambiar perfectamente».

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