La reapertura de Garoña le podría costar 150 millones a Nuclenor

Poner de nuevo en marcha el reactor que decidió frenar en 2012 en la central nuclear de Garoña, le podría costar a su propietaria Nuclenor -participada por Endesa e Iberdrola-, al menos, 150 millones de euros. Éste sería el precio estimado para las intervenciones que el Consejo de Seguridad Nuclear le reclamó en 2014 al iniciarse el expediente de renovación de su licencia y que seguirían siendo a día de hoy el grueso de los requisitos necesarios para poder funcionar de nuevo, según explicaron fuentes del CSN.

Más de 30.000 horas de trabajo técnico son la base del expediente de solicitud de explotación de Garoña que ayer llegó al pleno del Consejo de Seguridad Nuclear. Tras digerir miles de folios de información, sus integrantes empezarán el próximo miércoles a debatir si la vida de la central burgalesa se ha agotado o puede soportar hasta los 60 -que cumpliría en 2031-, una vez que los estudios técnicos son favorables.

En ellos, la clave está en los requisitos millonarios que exigieron a la planta en 2014. Se reclamó entonces el cambio de cientos de metros de cableado, el aislamiento de la sala de control, la mejora del tratamiento de gases de la contención o del sistema de protección contra incendios o cambios a raíz de las pruebas de resistencia por el accidente de Fukushima. A estos aspectos se sumarían ahora nuevas exigencias que hayan surgido en estos años por problemas apreciados en otras centrales y matices derivados de las 167 evaluaciones técnicas y las 20 inspecciones que se han realizado, las cuales encarecerían el precio, si bien no supondrían grandes variaciones. «Lo principal» es lo ya marcado en 2014 y que supondría unos 150 millones, de acuerdo a los cálculos de Ecologistas en Acción.

Multa y mantenimiento

A este montante se deben sumar los gastos desde que la central paró el reactor en 2012 alegando «motivos económicos», seis meses antes de que llegará el fin de la licencia de actividad y para solicitar en 2014 la renovación del permiso de explotación. En este tiempo, el mantenimiento, las inversiones requeridas y las nóminas de una pequeña parte de la plantilla que fue y que seguía en sus puestos han seguido acarreando desembolsos. Además, también le llegó a Nuclenor una factura millonaria derivada de la multa de 18,4 millones impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por ese parón antes de tiempo y «sin autorización». La Audiencia Nacional ratificó la sanción, que se ha recurrido.

Con estas cifras sobre la mesa, el análisis sobre el futuro de Nuclenor incluye la posibilidad de que la empresa propietaria no quiera seguir adelante. De hecho, hace menos de un año CC.OO. informó de que en una reunión con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, éste habría indicado que no descartaba el cierre en base a que la sangría de millones que requerían los requisitos impuestos convertían a la planta «en no rentable».

De momento, el CSN empezará la semana que viene a debatir su reapertura. El martes, los miembros del pleno tendrán una reunión con técnicos de la casa para analizar los detalles de esa voluminosa documentación que la ayer se informó y analizó desde una «visión de conjunto». El miércoles este asunto formara parte del orden del día en el apartado de «toma de decisiones», lo cual no implica un veredicto inmediato, se puede retrasar lo que se considere necesario. De hecho, esta central alargó una reunión durante tres días en anteriores capítulos del «culebrón» en el que en algunos momentos se ha convertido Garoña. Y una vez haya decisión del Consejo, si ésta es favorable, aún no será determinante. La última palabra la tiene el Ejecutivo del PP, partidario de la misma pero que ahora gobierna en solitario, con una oposición mayoritariamente en contra de la planta. Y ello, siempre y cuando la empresa no de marcha atrás si no le salen las cuentas.