Paro de los empleados públicos
Rotundo fracaso de los sindicatos en la llamada a una huelga con tinte electoralista
UGT, CCOO y CSIF culpan del escaso seguimiento a unos «servicios mínimos abusivos»
La huelga convocada en forma de órdago a la Junta de Castilla y León por parte de los sindicatos UGT, CC.OO y CSIF dentro de su estrategia para recuperar la jornada labora de 35 horas semanales entre los empleados públicos casi no tuvo seguimiento y su intención de parar la maquinaria de la administración naufragó. Más allá de la disparidad en las cifras sobre el seguimiento ofrecidas por ambas partes, la realidad fue que clases, consultas, operaciones, atención en ventanilla... funcionaron con plena normalidad casi absoluta y las concentraciones convocadas frente a las delegaciones territoriales para visibilizar más su protesta no llegaron a concitar a 2.000 personas entre las nueve provincias.
Y todo en vísperas de las elecciones generales. Una fecha que ha marcado las negociaciones con la Junta. Con la cita con las urnas ya señalada para el 10 de noviembre, las centrales sindicales habían registrado su llamada a la huelga general para los funcionarios antes de escuchar la primera propuesta. Los tintes electoralistas han condicionado el calendario de movilizaciones, con la huelga como «traca» final a cuatro días de que abran los colegios electorales. Y es que aunque desde algunas centrales sindicales han insistido en desvincular las negociaciones de la política, Tomás Pérez, de UGT, no eludía ayer su llamada a la ciudadanía a que «piensen» qué votarán el domingo teniendo en cuenta que la Junta ha «incumplido» lo firmado con los sindicatos el pasado mes de mayo.
Desde CSIF, Raquel Fernández apuntó que «una vez que acabe la campaña» decidirán el calendario de movilizaciones a partir de ahora. Lo primero, realizar entre los tres sindicatos un estudio de «viabilidad» para interponer una demanda judicial «por incumplimiento del acuerdo».
«Llegar hasta el final»
Están dispuestos a «llegar hasta el final» en su reivindicación para que la jornada laboral mengue en las dos horas y media semanales en que se vio aumentada desde 2012 por la crisis económica.
La negociación para que la jornada laboral de los 85.000 empleados de la administración autonómica se reduzca en un promedio de media hora al día saltó por los aires el lunes. Los sindicatos no aceptaron la última propuesta de la Junta: regreso a la jornada reclamada desde el 31 de marzo de 2020 como la única forma para que sea aplicable para «todos».
Pero para los sindicatos supone una estrategia «técnica» al estilo de las grandes superficies comerciales y compara ese 31 de marzo en lugar de 1 de abril con la oferta de un producto a 3,99 euros en lugar de 4.
Desde la Junta cifraron el seguimiento de la huelga en el 4,52 por ciento entre los 58.259 empleados de los turnos de noche y mañana, con más arrastre porcentualmente hablando entre los laborales (secundaron la llamada 711 de los 7.090 en nómina, esto es, el 10,04 por ciento) que entre los funcionarios y estatutarios (hicieron huelga 1.923, el 3,76 por ciento de los 51.169 en plantilla). Sin embargo, desde los sindicatos censuraron la «dificultad» para acceder a los datos reales sobre el paro y, sobre todo, que consideran que la Junta «ha impedido» hacer huelga a muchos por unos servicios mínimos «exagerados».
Reprocharon que en algunos hospitales en el turno de noche había «más gente trabajando» en servicios mínimos que un fin de semana. Por eso, ya anunciaron que van a «denunciar» esos servicios mínimos «por abusivos». E instaron a la Junta a que diga «por qué ha impedido hacer huelga», además de recriminar al Ejecutivo autonómico su incumplimiento y poner en duda que pueda hacerlo con el resto de promesas electorales.
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