Las diputaciones se rebelan ante el pacto PSOE-C’s para suprimirlas en tres meses

«¿Van a suprimir los servicios? ¿Piensan que no tiene que existir ningún tipo de descentralización?». Son las preguntas que lanzaba ayer la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, después de que trascendiera que la supresión de las instituciones provinciales propuesta por Ciudadanos fue aceptado por el socialista Pedro Sánchez -junto a otras medidas- para poder cerrar un acuerdo de legislatura que le acerca algo más a la Presidencia del Gobierno. El «ok» sin pestañear por el líder socialista provocó un rechazo generalizado por parte de los presidentes de las diputaciones y del PP de Castilla y León, una de las comunidades que se vería más afectada por esta decisión al contar con 2.248 municipios -la cuarta parte de todo el país- que en la mayoría de los casos depende a día de hoy de la labor, el asesoramiento y las ayudas de las instituciones provinciales.

Así, el secretario general de los populares en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, sostuvo que la supresión anunciada supondra convertir en ciudadanos de «segunda» a un tercio de los habitantes de la Comunidad.

Albert Rivera, una «estrellita mediática»

Entre los más contundentes a la hora de criticar este pacto, el presidente del PP de Segovia y de la Diputación. Francisco Vázquez lamentó que el PSOE «cambie sus principios por el poder» y que Ciudadanos haga política «de arriba hacia abajo». Al respecto, calificó a Albert Rivera como «estrellita mediática e impresentable que sólo sabe vivir en Barcelona» y le acusó de querer que haya «ciudadanos de primera y segunda división». Para Vázquez, las diputaciones son «el sustento diario de los pequeños y medianos ayuntamientos» a través de la recaudación de los tributos, los servicios sociales, las inversiones en carreteras y caminos rurales o los programas culturales y deportivos.

Por su parte, el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, defendió «a ultranza» la continuidad de las diputaciones provinciales al considerar que son las «más cercanas» tanto a los ayuntamientos como a los pueblos de la provincia, aunque consideró que «el significado es el mismo» en todo el territorio nacional. Durante su visita a las localidades de Santa Cristina de Valmadrigal, Grajal de Campos, el Burgo Ranero y Calzadilla de los Hermanillos, en el sureste de la provincia de León, instó a «acercarse y ver la realidad» de los pueblos para darse cuenta de que la atención a las necesidades de sus vecinos «no se hace desde grandes despachos en Madrid».

Imposible la centralización de decisiones

Mientras, para Ángeles Armisén, la propuesta va «en contra precisamente de toda la evolución política que a través de otro modelo que predica» la formación naranja. No obstante, en su intervención en la tertulia COPE-ABC dejó claro que no tiene «temor ninguno» porque «sé lo que los ciudadanos del medio rural piensan de la necesidad de que exista una institución que haga un gobierno de demarcación provincial. ¿Que no lo quieren llamar diputación? Bueno, que lo llamen de otra manera», aseguró al tiempo que recordaba que «somos un territorio tan extenso que es imposible que aboguen por la centralización de decisiones».

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, defendió la labor de las instituciones provinciales y afirmó que esta polémica suena a precampaña electoral y recordó que las diputaciones cuentan con 200 años de historia en España, el mismo periodo que el constitucionalismo, y siempre han sobrevivido a diferentes «vaivenes». Al respecto, citó dictaduras, repúblicas y etapas democráticas en las que las diputaciones han superado dificultades y confió en que también lo harán ahora en este nuevo «embotamiento».

Desde Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera manifestó su «defensa a ultranza» de las diputaciones y criticó el «cambio» de postura socialista. «¿Qué es lo que quiere Pedro Sánchez? ¿Un cambio de nombre y que se pase a hablar de un consejo de alcaldes? No tiene sentido», aseguró.

La presidenta de la Diputación de Zamora, Mayte Martín, calificó por su parte de «irresponsable» la propuesta de Ciudadanos incluida en un pacto con el Partido Socialista de emprender, entre otras, la modificación de la Constitución para permitir la disolución de las diputaciones. «No deja de ser otro brindis al sol. Es una ocurrencia más que evidencia un desconocimiento total de la realidad social de nuestro país», aseguró, en declaraciones a la agencia Ical. «España no sólo es Madrid, Barcelona y Valencia. La inmensa mayoría de las provincias tienen una realidad rural que no puede quedar desamparada, como quedaría en caso de desaparecer las diputaciones. Si no existieran, habría que inventarlas», añadió..

Soria avisa del «error» a su jefe

Las quejas también se dejaron sentir en las filas socialistas. Así el presidente de la Diputación de Soria -la única bajo el mando del PSOE en Castilla y León-, Luis Rey, sostuvo que «es un error» el planteamiento de Ciudadanos de suprimir las diputaciones, ya que hay provincias con municipios muy grandes dónde estas instituciones tienen un sentido y otras en las que son más pequeños, como Soria, donde se hacen imprescindibles para prestar los servicios a los ciudadanos de forma eficiente.

«Está bien que se establezcan debates pero hay qué determinar cómo se dan esos servicios. No se me ocurre una institución más eficiente para prestar servicios que la Diputación», defendió Rey, quien argumentó que «ni siquiera en una hipotética distribución de los servicios mediante mancomunidades serían más eficientes que la Diputación», en alusión al planteamiento de la Junta de Castilla y León de crear distritos con la Ley de Ordenación del Territorio. En el caso de plantear otro modelo de organización, instó a que se explique «cómo organizar los servicios, quién lo prestaría y de qué manera».