Los cinco retos pendientes de la Dependencia en Castilla y León

El fallo original con el que partió la Ley de Dependencia en España, su financiación, sigue vigente una década después de su entrada en vigor. Así lo aseguró ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien no dudó en asegurar que se trató de «una buena, gran y necesaria idea» del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que nació con un «grave defecto de origen»: la ausencia de una memoria económica y de una financiación estable que hiciese viable el sistema. Tampoco dudó el jefe del Ejecutivo regional en exigir la corrección de lo que llamó «infrafinanciación» y «desequilibrio» a través de la reforma del modelo de financiación autonómica, de manera que se tenga en cuenta la atención a la Dependencia.

La expectativa inicial de que se sufragara al 50 por ciento entre el Estado y las autonomías nunca llegó a producirse y la realidad, sin embargo, «es muy distinta», dijo en una jornada en la que se analizó la aplicación de la Ley diez años después de su puesta en marcha. Así, en 2016 de los 534 millones de fondos públicos destinados a la atención a dependientes en Castilla y León, sólo el 19,5 por ciento fue aportado por el Gobierno central. Por ello, desde la Junta de Castilla y León se ha insistido en la necesidad de corregir esta situación en varias ocasiones. La última durante la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero, cuando Juan Vicente Herrera llevó el acuerdo de los grupos parlamentarios de exigir que en la reforma del modelo de financiación autonómica se incluya este apartado.

Castilla y León es la única autonomía que llega prácticamente a la atención plena -únicamente tiene un 1% de lista de espera, mientras que la media estatal es del 30 por ciento-, es la que más beneficiarios tiene y la que más empleo ha creado vinculado a este sector con 9,82 por cada 1.000 habitantes con un total de 24.000 puestos de trabajo existentes en torno a la Dependencia.

Tras repasar estos logros conseguidos Juan Vicente Herrera rechazó cualquier tipo de conformismo y llamó a seguir mejorando el sistema. Ya se han marcado desde el Ejecutivo regional algunos «retos de futuro», detalló su presidente. En primer lugar, la mejora de la financiación y, a continuación, reducir los plazos de reconocimiento de derechos acortando la espera de seis a tres meses, algo a lo que ya se ha comprometido en el Diálogo Social.

Aumentar la calidad de los servicios es otra de las tareas que se plantean. Dentro de este objetivo se enmarca la Orden de acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se publicará el próximo viernes, anunció Herrera, y el aumento de plazas residenciales públicas.