El campo vota su futuro

Marcado en rojo para el campo. Así está el 11 de febrero. El domingo en el que los agricultores y ganaderos de Castilla y León están llamados a las urnas en unas elecciones agrarias que llegan con algunos cambios respecto a los cuatro procesos anteriores (1997, 2002, 2007 y 2012). Y es que, con la nueva Ley Agraria aprobada entre la anterior cita con las urnas y la del día 11, los profesionales ya no elegirán la composición de las Cámaras Agrarias -cierto es que muchas han desaparecido-, sino que los votos obtenidos por cada una de las tres candidaturas (Asaja, La Alianza UPA-COAG y UCCL) servirán para repartir la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) durante los próximo cinco años en los órganos en los que se sientan, y que incluyen desde el Consejo Regional Agrario y los provinciales, al de Políticas Demográficas o la Sección de Igualdad de Oportunidades en el Consejo Regional de la Mujer.

Pero no es la única novedad que introduce la ley, que ha llevado a cambios en el censo, uno de los aspectos más criticados por las organizaciones. Tendrán derecho a voto, a expensas de la resolución de los últimos recursos que se conocerán esta semana, 40.392 electores (34.471 personas físicas y 5.921 jurídicas), lo que supone unos 2.500 menos que en diciembre de 2012. Frente a la cita de entonces, ahora sólo podrán quienes estén dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores agrarios e inscritos en el registro de explotaciones de la Comunidad. Los llamados a las urnas podrán votar de 10 a 17 horas en las 622 mesas repartidas por las nueve provincias. En las papeletas, las candidaturas de tres organizaciones, cuyos líderes en la Comunidad no son nuevos en estas lides. Tanto Donaciano Dujo (Asaja) como Aurelio Pérez (La Alianza UPA-COAG) y Jesús Manuel González Palacín (UCCL) repiten como cabezas de cartel.

Cada uno con unos planteamientos y reclamaciones, también tienen puntos en común, como su reclamación de que en la PAC (Política Agraria Comunitaria) del próximo horizonte (2021-2017) se prioricen las ayudas a los verdaderos profesionales del campo. Y ahí, reconocen, Castilla y León, que recibe anualmente 923 millones de euros, «se juega mucho».

También en común su lamento por el mal año 2017 vivido en el sector, en el que además de una crisis de precios que no termina de solucionarse, ha tenido que hacer frente a la «peor» sequía en años, que ha dejado unas «pérdidas» que cifran en unos 1.500 millones de euros y unas secuelas que aún pueden verse en el campo. Un sector que, recuerdan, tiene un peso especial en Castilla y León, por encima de la media nacional. Junto a la agroindustria, aporta el 12% del PIB regional.