Ocaña pide a la Diputación que cumpla el convenio con el parque de bomberos

La alcaldesa de Ocaña, Remedios Gordo, ha exigido al presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo, Tomás Villarrubia, y al presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, el pago de la anualidad del año 2015 del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ocaña y la institución provincial, para el mantenimiento del servicio de extinción de incendios que cubre a 16 municipios y más de 45.000 habitantes de la comarca de Ocaña.

Gordo, que el pasado día 11 de mayo presentó un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de convenio, ha ofrecido una rueda de prensa este viernes junto al presidente del Partido Popular de Toledo, Arturo García-Tizón; el presidente del Grupo Popular de la Diputación, Emilio Bravo, y los alcaldes y portavoces del PP en los ayuntamientos de la comarca.

Alli ha denunciado la «lamentable situación de riesgo en materia de extinción de incendios a la que el Gobierno socialista de la Diputación está sometiendo a la comarca».

Y ha reclamado que, de forma inmediata, se disponga lo necesario para crear el Parque de la comarca en Ocaña, «para lo que ponemos a disposición de la Diputación y del Consorcio las instalaciones del parque de Ocaña, nuestras equipaciones y nuestros camiones, y la incorporación de nuestros 13 bomberos en la bolsa de trabajo del Consorcio».

La alcaldesa de Ocaña ha anunciado también que si la Diputación de Toledo cumple con los pagos pendientes y pone en marcha estas medidas, «el Ayuntamiento reconsiderará el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto, por el incumplimiento del convenio existente». Gordo ha agregado que en 2015 el ayuntamiento de Ocaña ha puesto los 490.000 euros correspondientes a la Diputación para garantizar la seguridad de los más de 45.000 habitantes de la comarca. «Desde la creación del parque en 2005, han sido permanentes los esfuerzos para conseguir que la Diputación se hiciera cargo de este servicio, algo que han impedido los sucesivos gobiernos socialistas, obligando a un Ayuntamiento de 12.000 habitantes a sostener económica y personalmente un servicio que no es de su competencia»., ha concluido.