Desmantelan una trama que se hacía pasar por la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas e identificado a otras catorce integrantes de un entramado con sede en Madrid que se dedicó a estafar, en nombre de las fuerzas de seguridad del Estado, a más de un millar de particulares y empresas de toda España, 221 de Castilla-La Mancha.

La organización criminal ahora desmantelada se dedicaba, presuntamente, a recabar publicidad en nombre de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, haciéndose pasar por miembros de estos cuerpos, con la finalidad de obtener anunciantes para supuestas revistas de temática policial, de asociacionismo profesional o sindicales.

En Castilla-La Mancha hay 58 estafados en Albacete, 96 en la provincia de Ciudad Real, 19 en Cuenca, 8 en Guadalajara y 40 en Toledo, según informó la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete.

La investigación, denominada «Ropu», continúa abierta, por lo que no se descarta que existan otros perjudicados.

La operación se inició en febrero, cuando la Guardia Civil conoció que varios agricultores de Jumilla (Murcia) estaban recibiendo llamadas telefónicas de personas que, identificándose como guardias civiles, solicitaban colaboraciones económicas mediante la inserción de publicidad en revistas oficiales de la Guardia Civil.

Algunos habían colaborado con los presuntos estafadores creyendo que lo hacían con la Guardia Civil y otros, a pesar de haber declinado expresamente su participación, habían recibido cargos en sus cuentas bancarias sin su consentimiento.

La investigación destapó que esta supuesta red delictiva había actuado en otras provincias y perjudicado tanto a organismos públicos como privados.

Llamadas para coaccionar

En junio la Guardia Civil situó el origen de estas prácticas delictivas en una comunidad de bienes con sede en Madrid. El registro se saldó con la detención de tres personas, una de ellas el cabecilla de la organización, a las que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa continuada y falsedad documental, así como con la incautación de abundante documentación relacionada con la trama.

El análisis de los documentos permitió identificar a otras catorce personas, supuestos miembros de la organización delictiva, a las que se les ha instruido diligencias como investigadas.

Entre los casos esclarecidos se encuentran víctimas que, además, nunca recibieron la revista con la que supuestamente colaboraban, otras que recibieron otra distinta y otras a las que les facturon por la inserción de publicidad en varias publicaciones, aunque solo habían autorizado su colaboración con una.

La Guardia Civil ha averiguado que alguno de los perjudicados habría recibido llamadas telefónicas en las que su interlocutor, simulando ser miembro de estos cuerpos policiales, lo coaccionó cuando se negó a colaborar.

Al menos dos sindicatos policiales se han visto perjudicados por esta actividad delictiva, al aparecer sus logos o siglas en facturas expedidas a nombre de clientes, que los ahora detenidos utilizaban sin el consentimiento de los titulares, para dar mayor credibilidad a sus operaciones.