La región pedirá poder convocar más empleo público y garantía presupuestaria

Este miércoles se ha producido una reunión previa a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar próximo el martes, día 17, pero el vicepresidente del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, ya ha señalado las prioridades de Castilla-La Mancha. Estas pasan sobre todo por una garantía de financiación para los sectores básicos, atención a las zonas con problemas de despoblamiento, diseño de una tarjeta social y la autorización para que las comunidades autónomas puedan convocar plazas de empleo público más allá de las tasas de reposición que marca la Ley de Presupuestos, es decir, de aquellas plazas de los funcionarios que se jubilen, y que afectan sobre todo a los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales.

Para Martínez Guijarro es importante eliminar esa «barrera» para poder convocar por encima de esa tasa, «de manera que se puedan incorporar más personas con estabilidad laboral en el sistema».

«Es un acuerdo básico para consolidar servicios públicos esenciales en el país, y que además no tiene coste presupuestario y no incide en las reglas de gasto y del cumplimiento del déficit público ni el endeudamiento», indica el vicepresidente, para el que es muy importante poder combiar la temporalidad por un empelo más estable y fijo.

Puso como ejemplo el caso del sector educativo, para el que se prevé algo más de 500 jubilaciones en este curso. «De esa manera no estaremos imposibilitados para incorporar más profesores, y de paso reducir los ratios, aparte de que serían incorporaciones con estabilidad», ha apuntado.

Asimismo, y antes de la reunión de los representantes de comunidades autónomas con la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, Guijarro ha manifestado que el objetivo de esta conferencia de presidentes es que la misma sirva «para tomar acuerdos ejecutivos y no solo declaraciones de carácter político», para lo que es necesario llevar a cabo una modificación del reglamento de funcionamiento «que incluya la necesidad de que esta comisión preparatoria tenga también facultades de seguimiento de la ejecución de planteamientos de la Conferencia para analizar y ver cómo se van cumpliendo».

También ha propuesto la necesidad de que la conferencia sea «el pistoletazo de salida para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas» y para incorporar «un debate que garantice la sostenibilidad del Estado de Bienestar», ya que la financiación de las regiones «debe responder a un principio de equidad, de igualdad de los ciudadanos en el acceso de los servicios públicos esenciales se viva donde se viva».

Asimismo, la semana próxima se planteará la postura común con otras siete regiones respecto a los problemas de despoblación y dispersión demográfica, lo cual incide en los costes de los servicios que se prestan. También crear un grupo de trabajo para diseñar la denominada Tarjeta Social y el desarrollo del decreto ley del bono social de energía, así como la participación de las comunidades autónomas en asuntos europeos.