GUADALAJARA
Fraguas o el sueño truncado de recuperar un pueblo abandonado
Las retroexcavadoras de Tragsa demolerán en breve la reconstrucción de este poblado tras una denuncia de la Junta y una sentencia judicial
Cuando en 1968 los últimos habitantes de Fraguas (Guadalajara) se vieron forzados a abandonar sus casas y posesiones, expropiados por el gobierno franquista para realizar maniobras militares y otros usos, jamás se habrían imaginado que su pequeño pueblo volvería a ser levantado de las ruinas por un grupo de jóvenes. Sin embargo, su sueño puede verse ahora truncado si el Gobierno de Castilla-La Mancha ejecuta la última sentencia judicial que obliga a reducir a ras de suelo todos los edificios reconstruidos por estos nuevos pobladores.
Fraguas es una pedanía del municipio de Monasterio, en la Sierra Norte de Guadalajara, uno de los lugares más despoblados de España. Con una densidad de población de 0,75 habitantes por kilómetro cuadrado y con tan solo 14 vecinos censados antes del inicio de la pandemia, esta localidad viene a engrosar los datos de lo que viene llamándose la España vaciada. El Gobierno de Castilla-La Mancha, que precisamente acaba de tramitar por el procedimiento de urgencia la Ley contra la Despoblación para aprobarla en las Cortes en abril, es el propietario actual de este pueblo abandonado y de sus terrenos adyacentes.
En 2013, dos años después de su declaración como monte de utilidad pública y su inclusión dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara en 2011, hasta allí llegó un grupo de jóvenes universitarios —okupas para mucha gente— con el anhelo de recuperar este pueblo abandonado . Poco a poco fueron reformando los pocos edificios que se mantenían en pie. Entre ellos, las ruinas de la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán, del siglo XII, y alguna vivienda, aunque también fueron construyendo otros nuevos inmuebles.
Ahora mismo viven en Fraguas quince personas de entre 25 y 36 años, de las cuales seis fueron condenadas por un delito de usurpación de monte público sin permiso, otro contra la ordenación del territorio y uno más de daños en el entorno.
Antes de instalarse por iniciativa propia, el colectivo de pobladores asegura que presentó un anteproyecto de cesión al Gobierno de Castilla-La Mancha. «Pero siempre han denegado el permiso y nos denunciaron», afirma a ABC uno de ellos, Gonzalo Aracil. Él es uno de los seis sentenciados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara, que pide para cada uno de ellos un año y medio de cárcel y una multa de 2.160 euros. Además, les obliga a pagar la demolición de todos los edificios de Fraguas; una tarea que la Junta de Comunidades cuantifica en más de 32.000 euros, el dinero que se pagará a la empresa pública Tragsa para que realice ese trabajo.
La sentencia se ha de ejecutar de manera inminente. Y, si no cambian las cosas, en próximas fechas las retroexcavadoras entrarán en Fraguas para demoler los edificios que levantaron los jóvenes que están asentados. Ocurrirá pese a que, a finales de 2019, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero , en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha, llegó a un acuerdo con los repobladores y los condenados para regularizar las reconstrucciones y dar las autorizaciones pertinentes.
Es un extremo que confirma el propio consejero. Aunque no ha querido hacer declaraciones a ABC, sí admitió en una entrevista publicada recientemente por Guadalajara Diario que se llegó a un pacto con los condenados, pero el juzgado señaló que no había lugar. «El Gobierno regional trabaja por la repoblación, pero aquí estamos hablando de otra cosa: es vivir en un monte de utilidad pública. Vivir en un espacio protegido fuera del término urbano no está permitido ni en Castilla-La Mancha ni en ningún otro sitio», manifestaba Escudero.
PNL en las Cortes regionales
Toda esta situación ha llevado a Podemos Castilla-La Mancha a presentar este mes de marzo en las Cortes regionales una proposición no de ley (PNL) para evitar que se ejecute el fallo judicial que obliga a demoler el poblado de Fraguas. Su coordinador autonómico, José Luis García Gascón, cree que el objetivo final de la denuncia y de la nueva sentencia es «desmovilizar» a los repobladores, «que además cuentan con el apoyo de numerosas personas y asociaciones de la comarca, de la provincia de Guadalajara y de toda España».
«El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page vuelve a ser fiel a sus tradiciones de incumplir su palabra y de prometer cosas que luego no lleva a cabo», afirma García Gascón. Se lamenta también de que la ley esté hecha «más para los grandes especuladores que para jóvenes que intentan dar vida a pueblos abandonados».
El líder castellanomanchego de Podemos cree que «resolver este asunto por la vía judicial, como ya hizo su predecesora —María Dolores de Cospedal—, convierte a García-Page en una copia de las mismas políticas del Partido Popular». Por lo tanto, reprocha la «hipocresía» del Gobierno de Castilla-La Mancha, que va a aprobar una ley contra la despoblación mientras que echa abajo un pueblo reconstruido en una de las zonas más despobladas de España.
Pese a los intentos de salvar Fraguas, los pobladores lo tienen asumido y ya se preparan para una demolición inminente del pueblo. «Es un delito derribar por completo estos edificios porque, entre ellos, hay bienes patrimoniales», considera Gonzalo Aracil. Recuerda además que, en las mismas fechas que se rompió el acuerdo con la Junta, se consiguió inscribir a Fraguas en la lista de despoblados, concediendo protección patrimonial para sus inmuebles. «De ser así —advierte—, no vamos a ser los únicos que van a tener un problema con la Justicia, pues, si se derriban a ras de suelo los edificios, se incurriría en un delito contra el patrimonio».
«Es bastante paradójico que el PSOE, tan defensor de la memoria histórica y tan contrario a la despoblación, quiera acabar con un pueblo de 800 años de historia», ironiza Aracil. Él avisa de que «pesará sobre los hombros de la administración que seis jóvenes vayan a prisión por reconstruir un pueblo abandonado en una de las zonas más despobladas de España y de Europa». Convencido de que este lugar tiene unas características «óptimas» para vivir, creían que las instituciones públicas los iban a apoyar, al igual que han hecho en Aragón con muchos nuevos habitantes de pueblos en los Pirineos.
¿Qué hará si finalmente la sentencia se cumple? «No tenemos dinero y lo único que hemos hecho es reconstruir un pueblo abandonado y explotado por Franco», responde Gonzalo Aracil. Por eso, aunque se muestra realista, aún guarda en su interior un pequeño hilo de esperanza: «No queremos hacernos ricos. Lo que buscamos es quedarnos en Fraguas para vivir de lo que nos dé la tierra y ser autosuficientes para poder ser libres».
Pronto se sabrá si se cumplen sus deseos o, por lo contrario, todo queda en un sueño truncado.
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