¿Aforamiento? Crisis institucional en Canarias por la supresión de protección jurídica al presidente regional
Un partido local que se llama Unidos se Puede lía al jefe de la Justicia en Canarias por una denuncia contra el líder de CC
El portavoz de Unidos se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, ha anunciado mes de noviembre que presentará una recusación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, por su participación en el intento de «mantener los privilegios de aforamiento» del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), dentro del denominado caso grúas.
Doreste dijo en 2015: «El aforamiento es necesario en algunos supuestos». Y los canarios han aprobado un Estatuto de Autonomía el pasado mes de octubre en el Senado que quita el aforamiento a los diputados regionales como Fernando Clavijo. Menos de una semana después, ya tiene una crisis institucional. Porque hay una denuncia contra el jefe del Gobierno de Canarias, Fernnado Clavijo, por un asunto que viene de cuando era alcalde de La Laguna (Tenerife).
El líder de Unidos se Puede ha recordado que Pedro Fernández Arcila, abogado de los denunciantes, denunció en septiembre de este año a Antonio Doreste por hechos como el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales.
El portavoz de Unidos se puede ha avanzado que la recusación acreditará los vínculos existentes entre Antonio Doreste y Coalición Canaria, motivo por el cual el magistrado debía haberse abstenido de participar en esa causa que afecta al máximo responsable de esa organización política en el archipiélago.
Es por ello que los denunciantes consideran incompatible la intervención liderada por Antonio Doreste para realizar una contestación express al escrito presentado por los abogados de Clavijo.
En opinión de Ascanio, Clavijo está usando una maniobra desesperada para intentar evitar el traslado de este caso nuevamente al Juzgado lagunero, en el que la jueza ya emitió un dictamen favorable a su imputación.
Ha agregado que es significativo que, cuando quedan pocos días para la publicación del nuevo Estatuto de Autonomía en el BOE, Fernando Clavijo se lance a la desesperada a mantener su aforamiento con una operación en la que pretende evitar un proceso normalizado y que todas las actuaciones solicitadas se realicen.
Para el concejal, son maniobras vergonzantes para tratar de evitar lo que es inevitable, su imputación por un caso claro de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según manifestó en su momento la propia Audiencia Provincial.
Según ha destacado, otro de los elementos detrás de esta medida es el intento de una decisión de archivo sin que se hayan realizado todas las pesquisas solicitadas por las acusaciones, en este sentido, ha recordado que hay declaraciones pendientes, pedidas hace meses, y documentación solicitada que acreditarán los delitos señalados por las acusaciones.
«Si esta maniobra torticera se cumple no tendremos el menor reparo de trasladar este caso al Tribunal Supremo, ya que entendemos que es un caso claro de mal uso de una administración pública, puesta al servicio de la colocación política de afines, arriesgando un servicio público y fondos municipales, algo que no puede quedar impune», ha aseverado.
