Política

El precio del cuatripartito de Aragón: tres millones de euros más en sueldos de altos cargos

El pacto sellado entre el PSOE, Podemos, el PAR y la Chunta ha engordado la estructura del Ejecutivo regional

De izquierda a derecha, José Luis Soro (Chunta), Arturo Aliaga (PAR), Javier Lambán (PSOE) y Nacho Escartín (Podemos) Fabián Simón
Roberto Pérez

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El Gobierno aragonés conformado entre el PSOE, Podemos , los liberal-regionalistas del PAR y los nacionalistas de izquierdas de la Chunta va a conllevar un multimillonario sobrecoste en sueldos de altos cargos . Para encajar las exigencias de puestos de los socios del Ejecutivo, se ha optado por engordar la estructura del Gobierno aragonés, crear una vicepresidencia que no existía -para el PAR-, montar una consejería más -para que la ocupe Podemos- y sumar otras ocho direcciones generales a las 34 que ya había.

Esto va a tener un sobrecoste anual de unos 800.000 euros entre sueldos de altos cargos y cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, más de tres millones de euros de sobrecoste para los cuatro años que dura una legislatura ordinaria . Y eso sin contar los sueldos de los nuevos asesores y personal de confianza que pueden surgir al calor de esa estructura engordada del Ejecutivo autónomo.

El número y el reparto de los altos cargos y de los puestos políticos ligados a ellos fue una de las cuestiones que pesaron en las negociaciones trabadas entre el PSOE, Podemos, el PAR y la Chunta para formar el nuevo Gobierno de Aragón. El PSOE intentó inicialmente un pacto de coalición con Ciudadanos, que hubiera podido simplificar la estructura gubernamental, pero la negativa de este partido dejó como única opción un cuatripartito: sin un Ejecutivo PSOE-Cs, la matemática de los escaños forzaba a formar un cuatripartito -por la izquierda o por la derecha- o repetir las elecciones. La combinación PP-Cs-Vox-PAR se vio truncada por la negativa de los aragonesistas, que prefirió pactar con el PSOE, lo que al final ha dado como resultado el actual cuatripartito presidido por Javier Lambán .

Dar entrada en el Gobierno regional a cuatro fuerzas ha llevado a engordar la estructura del gabinete y su entramado político para satisfacer las exigencias de puestos planteadas por los partidos que integran el Ejecutivo autonómico . Y eso tiene un coste directo que ya se ha empezado a hacer realidad: el sueldo de un consejero del Gobierno aragonés se acerca a los 70.000 euros al año, y el de los directores generales supera ampliamente los 60.000 euros anuales, y todo eso sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social que tiene que pagar por ellos el Gobierno de Aragón. Además, es de prever que el consejero Arturo Aliaga verá elevado su sueldo respecto al del resto de miembros del gabinete, al pasar a disfrutar también de la condición de vicepresidente.

Por otra parte, la ampliación de la cúpula gubernamental hace aumentar también otros puestos. Así, la creación de una nueva consejería conlleva la consiguiente creación de una nueva jefatura de gabinete y de una secretaría general técnica más. Y a eso habrá que sumarle, en su caso, posible la ampliación de la plantilla de asesores o personal eventual que podría producirse también a raíz de esa mayor estructura gubernamental.

Para empezar, las ocho direcciones generales de nueva creación suponen, de entrada, un sobrecoste de medio millón de euros al año solo en sueldos . A eso se suma el sueldo de la nueva consejería y de su jefatura de gabinete -unos 130.000 euros anuales en sueldos entre los dos cargos-. Todo esto tomando como referencia la última tabla salarial aprobada en los presupuestos autonómicos del Gobierno aragonés de 2018, cuentas que siguen estando en vigor.

En la anterior legislatura, cuando el socialista Javier Lambán gobernó en coalición con la Chunta, el Gobierno de Aragón tenía nueve consejerías y 37 direcciones generales. Ahora, con el cuatripartito, el Ejecutivo de Lambán pasa a sumar una vicepresidencia, diez consejerías y 40 direcciones generales, a las que se añade una nutrida lista de entes públicos dirigidos también por cargos de designación política.

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