Política
El Gobierno asume las 80 medidas de la FEMP para luchar contra el desierto demográfico
Estado y entidades locales crean un grupo para impulsar una lucha coordinada contra la despoblación a nivel nacional
El Gobierno ha asumido como hoja de ruta contra la despoblación del medio rural el listado de 80 medidas definido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que quedaron recogidas, hace más de un año, en el denominado «Documento de Acción» contra el desierto demográfico.
Así lo ha indicado el presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP y de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero (PSOE), al término de una reunión en la que ha participado en Madrid con la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Isaura Leal. En el encuentro han estado presentes también otros doce representates de diputaciones y ayuntamientos, que junto a Sánchez Quero conforman los 13 designados por la FEMP para que participen en los trabajos junto al Comisionado del Gobierno. Entre ellos hay otros dos aragoneses: el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia (PSOE), y la alcaldesa de Celadas (Teruel), Raquel Clement e (PP). La reunión de este lunes supuso la constitución formal de este nuevo grupo de trabajo formado por el Estado y representantes locales designados por la FEP.
Según ha explicado a ABC Sánchez Quero –que también es presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ)-, la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico se ha comprometido a empezar a hacer efectivas las medidas de ese Documento de Acción aprobado por la FEMP en la primavera de 2017, establecer un calendario de prioridades y consignarlas presupuestariamente para que esas medidas se hagan realidad. Según ha desvelado Sánchez Quero, ese plan diseñado por la FEMP ha sido presentado y respaldado por le Consejo Económico y Social (CES) «y también a nivel europeo» .
80 medidas, con el empleo como objetivo central
Ese listado consta de una medida organizativa –destinada a estructurar de forma coordinada a nivel nacional el trabajo contra la despoblación rural- y 79 medidas específicas en campos tales como el fomento de la actividad empresarial y el empleo, la vivienda, el medio ambiente o las infraestructuras, entre otras.
En la reunión que tuvo lugar este lunes en la sede madrileña del Ministerio de Política Territorial también se acordó crear un grupo de trabajo entre el Estado y las entidades locales para luchar contra el desierto demográfico, el primero que se crea en España en el seno del Gobierno central para afrontar la despoblación rural. Este grupo se incardinará orgánicamente en la Comisión Nacional de Administración Local, según ha avanzado Sánchez Quero. Ha explicado que este nuevo grupo de trabajo celebrará dos reuniones de aquí a fin de año y «participará activamente en el diseño de la Estrategia nacional para el Reto Demográfico », que el Gobierno central ha anunciado que presentará en la primavera del próximo año.
Por otra parte, durante la reunión de este lunes, el presidente de la Comisión de Despoblación de la FEMP reivindicó al Ejecutivo central que la banda ancha sa declarada servicio público y básico para todo el territorio nacional. Y reclamó que las diputaciones vuelvan a gestionar directamente fondos FEDER, y Planes de Obras y Servicios (POS) financiados por el Estado y que permitan incidir en la mejora de las infraestructuras y las condiciones de vida del medio rural.
Sánchez Quero ha subrayado que «urge utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para articular una batalla ordenada contra el desierto demográfico», con la creación de empleo como objetivo prioritario para asentar población en el medio rural.
Por su parte, el oscense Miguel Gracia ha pedido vincular la despoblación a la necesidad de dotar a las entidades locales de más medios económicos y humanos. «Financiación municipal, tasas de reposición de personal y legislación son fundamentales para el reto demográfico» , ha subrayado el presidente de la Diputación de Huesca. Además, ha defendido que el impacto demográfico-territorial pase a ser objeto de informe preceptivo en toda legislación estatal o autonómica. Defiende que las nuevas leyes vayan obligatoriamente acompañadas «de un informe sobre su afección en la demografía del territorio», para supeditar la normativa al cumplimiento del reto poblacional al que se enfrenta España y, muy en particular, el medio rural.
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