Denuncia penal contra Ciudadanos por violación del secreto de las comunicaciones

Ciudadanos se enfrenta a una denuncia penal por los presuntos delitos de invasión del derecho a la intimidad y violación del secreto de las comunicaciones. La han presentado un grupo de afiliados aragoneses que han sido expulsados del partido en los últimos meses tras criticar a dirigentes de esta formación política, entre otros a la que fue delegada territorial de Ciudadanos en Aragón y en la actualidad portavoz en las Cortes regionales, Susana Gaspar.

Este cisma se ha saldado con la expulsión de una treintena de afiliados. Y varios de ellos han promovido esta denuncia penal tras comprobar —afirman— que uno de los argumentos utilizados por la dirección de Ciudadanos para echarles del partido han sido una serie de mensajes que se cruzaron por whatsapp. Lo hicieron a través de un grupo que crearon en esa plataforma de mensajes de telefonía.

El hecho de que esos mensajes hayan acabado formando parte de un expediente en el partido, ajeno a los miembros de ese grupo privado de whatsapp, es lo que los denunciantes consideran constitutivo de delito.

Uno de los afiliados expulsados, el abogado Pablo Félez, explica que ese grupo de whatsapp era privado, que estaba restringido a unos usuarios en concreto y mutuamente aceptados por ellos. Por lo tanto —indica— los mensajes que se intercambiaron eran estrictamente privados, por lo que el hecho de ser usados por terceros supone una invasión del derecho a la intimidad y una violación del secreto de las comunicaciones.

Félez, que califica lo ocurrido de «venganza» de la dirección del partido contra ellos, está convencido de que la Justicia debe depurar responsabilidades tras la denuncia que han presentado. El primer paso será determinar a quién o quiénes se imputan estas acciones presuntamente delictivas.

Desde la dirección regional de Ciudadanos se han limitado a defender los expedientes de expulsión que el partido tramitó contra este grupo de afiliados aragoneses. «Actuamos siguiendo lo que marcan nuestros estatutos y nuestros principios», han indicado desde la cúpula regional del partido, al tiempo que han manifestado estar «a disposición de lo que los juzgados nos puedan requerir» a raíz de la denuncia presentada por supuesta violación del secreto de las comunicaciones.