Aragón dilapida cada año millones de euros de fondos públicos en depuradoras bajo sospecha

Aragón dilapida cada año millones de euros en plantas de depuradoras sobredimensionadas y, en muchos casos, diseñadas desde la Administración con contratos de concesión a beneficio de empresas privadas que conllevan sobrecostes también multimillonarios.

Todo esto es fruto del plan de construcción y puesta en marcha de depuradoras de aguas residuales por todo Aragón, que se emprendió hace más de diez años. Se hizo para dar cumplimiento a las directivas medioambientales europeas, pero el resultado obtenido en Aragón arroja numerosas sombras de las que ha alertado la Cámara de Cuentas regional y que va a motivar la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento autonómico.

Durante más de diez años, en Aragón se ha ido construyendo una red de depuradoras que cuenta actualmente con más de 250 plantas repartidas por todo el territorio. Solo en obras de construcción se han ido más de 400 millones de euros.

Pero a esa cifra hay que sumarle el multimillonario coste de su funcionamiento, un gasto que es desorbitado a tenor del rendimiento de esas instalaciones.

Todo eso acaba repercutiendo en el bolsillo de los aragoneses, que cada año aportan en su conjunto más de 45 millones de euros por el obligatorio Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) que recauda el Gobierno autonómico. Y, aún así, el sistema es deficitario.

La Cámara de Cuentas ha detectado que una gran parte de esas depuradoras están sobredimensionadas, que se construyeron para descontaminar un caudal de aguas que ni de lejos les llega en realidad. Entre los casos más notorios figuran los de la planta depuradora de La Muela, que está desaprovechada en un 84%. O la de Daroca-Calamocha, que rinde solo al 34% de su capacidad. La de Épila, por su parte, se construyó con capacidad para tratar más del doble de los caudales que en realidad recibe. La situación se repite en otras muchas plantas depuradoras que están en funcionamiento en Aragón.

Esto es solo una parte del fiasco económico del Plan de Depuración de Aguas Residuales de Aragón, que durante más de diez años tuteló directamente el PAR desde el Gobierno aragonés -en una etapa al ser socio de gobierno del PSOE, y en otra como socio del PP-. Otro problema son los sobrecostes provocados por la gestión de gran parte de esas depuradoras a través de empresas privadas. Según la Cámara de Cuentas, las plantas que funcionan con contratos de concesión son, de media, un 24% más costosas que las que gestiona directamente la Administración autonómica. Solo por ese motivo, el sobrecoste anual es, como mínimo, de cinco millones de euros.

Además de todo esto, la red aragonesa de depuradoras de aguas residuales lleva camino de costarle a la Comunidad autónoma un «extra» de 117 millones de euros. Es el dinero que el Gobierno aragonés se arriesga a tener que devolver al Estado por no haber cumplido en tiempo y forma con el plan por el que años atrás recibió esos fondos desde el Estado.