El Constitucional frena la vía exprés hacia la independencia

El Tribunal Constitucional (TC) ha frenado la vía exprés a la independencia. El tribunal garante de la la Constitución suspendió ayer la reforma del reglamento del Parlament aprobada el pasado martes por Junts pel Si y la CUP, que permitía aprobar leyes sin debate en la Cámara regional, a través de un atajo. Los magistrados del Constitucional, reunidos en pleno, admitieron ayer a trámite el recurso del Gobierno contra esta norma, una decisión que supone la suspensión automática de la misma. El TC se pronunciará más adelante sobre el fondo del asunto, una decisión que podría llegar en agosto, puesto que el pleno ha habilitado dicho mes para ello.Los magistrados -que adoptaron la decisión por unanimidad, como siempre que han abordado la huida hacia delante del secesionismo catalán- advierten a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a todos los miembros de la mesa de la Cámara regional de que tienen el «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada».

Es decir, tienen prohibido tramitar una proposición de ley por el mecanismo de lectura única, la vía exprés suspendida por el TC, recogida en el apartado segundo del artículo 135 del nuevo reglamento del Parlamento Catalán.

Los magistrados les aperciben de que, si desobedecen, pueden incurrir en responsabilidad, incluso penal. A todos la decisión se les notificará personalmente, además de a través de los boletines oficiales.

Sin enmiendas

La reforma del reglamento del Parlament buscaba permitir aprobar leyes por el mecanismo de lectura única, un procedimiento de urgencia que acortaba los plazos y limitaba la presentación de enmiendas, condiciones que reducían a lo mínimo el proceso legislativo. Esta normativa, criticada por todos los partidos de la oposición, tenía un claro objetivo: sacar adelante las leyes de desconexión (la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica) de forma exprés, con la intención de celebrar el referéndum ilegal el próximo 1 de octubre, la fecha elegida por el Gobierno de Carles Puigdemont, que sigue haciendo oídos sordos a las advertencias de la justicia.El Consejo de Estado -un órgano consultivo al que recurren las administraciones públicas ante cuestiones legales- avaló que el Gobierno recurriera la reforma aprobada por los secesionistas. Los expertos consideraron que existen «fundamentos jurídicos» suficientes para el recurso, ya que el método aprobado para aprobar leyes, sin un verdadero debate en el Parlamento regional, podría «vulnerar el derecho de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución».

«Amordazar a la oposición»

Tras el aval del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros anunció el pasado viernes el recurso del Gobierno, al que se ha unido también uno de el Partido Popular y Ciudadanos, por vulneración de derechos fundamentales. «Permitir la institucionalización de un sistema radicalmente contrario a la esencia del sistema parlamentario -que no es otra que la de facilitar el debate de los asuntos por los representantes políticos de los ciudadanos que los han elegido-» supondría vaciar de contenido el artículo 23 de la Constitución, denuncia, precisamente, el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, admitido a trámite.

La decisión del TC fue trasladada al Consejo de los Diputados, al Senado, a la Generalitat y al Parlamento catalán, que disponen de quince días para formular las alegaciones que consideren.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, fue la encargada de acudir a la sede del TC para entregar el recurso de amparo presentado por el PP y Ciudadanos. «Hemos venido a registrar este recurso de amparo para proteger a los catalanes de la baja calidad democrática que quiere imponerse en Cataluña. Quieren amordazar a la oposición y no lo van a conseguir», destacó. El recurso también se basa en la vulneración del derecho de representación política del artículo 23. A juicio de los populares, la reconfiguración del marco normativo aprobada por Puigdemont atenta contra los derechos de los diputados e interfiere en la función legislativa, «la máxima expresión del ejercicio de la soberanía popular». «Vamos a seguir protegiendo con la ley, la democracia, a los catalanes no independentistas. No puede imponerse la voluntad de unos cuantos. No puede situarse Cataluña en una democracia de extrarradio», subrayó. A la iniciativa de PP y Ciudadanos no se sumó el PSOE.