El Tribunal Constitucional anula el decreto que devolvía a los sindicatos bienes incautados en la Guerra Civil

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el decreto de 2005 que modificó la ley de 1986 que regula la restitución de los bienes incautados a los sindicatos en la Guerra Civil y durante la dictadura, pero no suprime los procesos de devolución ya resueltos mediante sentencias o resoluciones administrativas firmes.

En su decisión, el Pleno estima por unanimidad un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. En él, los populares alegaban que al ser una reforma de una ley que «no cumple el requisito de extraordinaria y urgente previsto en el artículo 86.1 de la Constitución», su modificación no debió aprobarse por decreto, sino por el trámite parlamentario.

La Ley de 1986 estableció que todos los bienes y derechos que fueron incautados por el régimen de Franco serían reintegrados a los sindicatos que acreditaran ser los legítimos sucesores de los que en su día existieron.

En caso de que dichos bienes no existieran o estuvieran en manos desconocidas, la norma dice que el Estado compensará su valor a los sindicatos, informa Efe.

La modificación, en 2005

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consideró urgente y necesaria reformarla por razones de justicia, puesto que la dificultad para acreditar la titularidad de los bienes hizo que la reparación fuera parcial. También por razones de seguridad jurídica, al afirmar que la prolongación del proceso de reparación provocó una situación de incertidumbre que afectaba tanto a los beneficiarios como al Estado. Ese fue el motivo por el que se optase por la vía del decreto urgente. Esta fue una de las primeras medidas del Ejecutivo de Zapatero.

UGT dijo entonces que el decreto suponía la «reparación de una injusticia» ya que fue «víctima» durante la Guerra Civil y los años posteriores de un «brutal proceso de incautación de la totalidad de sus bienes», informa Efe.

Aunque la sentencia explica que la reforma fue «legítima en términos constitucionales» el Pleno considera que «no se justificaron las razones que aconsejaban el uso de la legislación de urgencia». Tampoco «en qué medida la finalidad perseguida por la misma se habría visto perjudicada» si el Ejecutivo hubiese optado por la vía ordinaria.