La Fiscalía sostiene ante el Supremo que el 1-O fue la «crónica de una rebelión anunciada»

El Supremo concluye la vista contra los procesamientos de quince dirigentes independentistas, entre ellos Puigdemont

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, en una imagen de archivo de la pasada legislatura EFE
Nati Villanueva

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El Tribunal Supremo (TS) ha celebrado este lunes la vista para estudiar los recursos contra el procesamiento del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros trece dirigentes independentistas. La vista estaba convocada para el 6 de junio, pero por un error en la tramitación del recurso del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se aplazó hasta hoy.

Además de Puigdemont y Junqueras recurrieron sus procesamientos por rebelión y malversación los exconsellejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Clara Ponsatí; y por desobediencia y malversación los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Lluís Puig. También los exparlamentarios Josep Nuet y Anna Simó (desobediencia) y Carme Forcadell (rebelión); y el expresidente de la ANC y diputado Jordi Sànchez (rebelión).

Fuentes presentes en la Sala han señalado que durante la vista, que se ha prolngado cuatro horas, las defensas han insitido en los argumentos que expusieron durante la instrucción, como la falta de competencia del Tribunal Supremo para juzgarles o la inexistencia del componente de violencia que conlleva el delito de rebelión. Para la Fiscalía, los acontecimientos del 20 de septiembre y del 1 de octubre de 2017 ante la Consejería de Economía son «la crónica de una rebelión anunciada».

En cuanto a la malversación, los letrados han argumentado que el delito no ha quedado acreditado, lo que ha sido rebatido por la Abogacía del Estado, que ha aludido a informes de la Hacienda Pública que apuntan lo contrario.

La acusación popular Vox ha mantenido que el golpe separatista se enmarca en el delito de rebelión y a la salida de la vista el letrado Pedro Fernández ha insistido en que la estrategia de los procesados no es otra que vincular las decisiones del tribunal con la política para «rebajar la gravedad» de los delitos que se les imputan.

En los próximos días la Sala decidirá si ratifica o revoca los procesamientos dictados por el juez Pablo Llarena.

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