Protesta ante el CIE de Aluche
Protesta ante el CIE de Aluche - EFE

La situación de los CIE: desde otras fugas hasta una baja ocupación

El motín que protagonizaron la noche del martes los inmigrantes del centro de Aluche ha despertado la preocupación por el estado y recursos de los recintos

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  1. Barcelona: reabierto pese a la oposición de Colau

    Por J. GUIL/BARCELONA

    El Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, situado en el barrio de la Zona Franca, ha sido la tradicional diana de las ONGs y otras entidades agrupadas en plataforma que pugnan por el cierre de este tipo de instalaciones. Una lucha a la que se ha sumado el Ayuntamiento que lidera Ada Colau y el Parlamento catalán.

    Tras cerrar sus puertas en noviembre de 2015 para afrontar una obras de reforma instadas por el juez -para paliar déficits como la falta de aseos en las celdas de los internos-, el pasado julio el CIE de la Zona Franca reabrió sus puertas. Pese a la oposición del Consistorio barcelonés. También desde el Parlamento catalán se pidió su cierre.

    El Ayuntamiento de la capital catalana intentó impedir la reapertura alegando que el CIE no tenía la licencia adecuada y que no cumplía los requisitos de seguridad. Exigió poder inspeccionar las instalaciones y llevó el caso al juzgado contencioso. El Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno, respondió reabriendo el centro y, finalmente, la justicia no le dio la razón a la alcaldesa Colau.

    Actualmente, el CIE Zona Franca acoge 182 internos. La cifra aumentó sensiblemente los pasados 10 y 11 de octubre, cuando arribaron varias decenas de inmigrantes irregulares de origen argelino que provenían de la comunidad de Murcia y que habían llegado a España en patera, según fuentes policiales.

    A raíz del motín del CIE de Madrid, algunos sindicatos policiales han denunciado que en el CIE de Barcelona también se han vivido momentos críticos este mismo mes, con dos conatos de fuga sofocados que obligaron a intervenir a la unidad antidisturbios de la Policía Nacional (UIP) destinados en estas instalaciones. Desde los sindicatos, se alerta sobre la falta de personal policial para poder controlar a una población de internos que, por su perfil, compromete aún más la seguridad del centro. Y es que según insisten fuentes de Interior, las personas que entran el CIE tienen antecedentes policiales o penales, y están allí por una orden judicial.

  2. Algeciras y Tarifa: inmigrantes y criminales juntos

    P . D. ALMOGUERA/Málaga

    En la comunidad andaluza permanecen dos CIE abiertos desde que en junio de 2012 cerrara el ubicado en la capital malagueña. Ambos se encuentran en Cádiz, concretamente en las localidades de Tarifa y Cádiz, y como afirma la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en la provincia, Carmen Velayos, se encuentran «igual» que otros centros, con «falta de personal, recursos e instalaciones tercermundistas».

    El tarifeño se habilitó en un antiguo cuartel militar que se encuentra en la isla de Las Palomas y acoge exclusivamente a inmigrantes rescatados cuando intentaban entrar ilegalmente en el país.

    El situado en Algeciras, uno de los más antiguos del país, y que durante años soportó la fuerte presión de la inmigración por el Estrecho, está instalado en la antigua cárcel de La Piñera, habilitada para este cometido con algún «parche», se quejó la representante sindical. El pasado verano, el Ayuntamiento algecireño aprobó la cesión a Interior de unos terrenos de 10.000 metros cuadrados para levantar un nuevo centro. En las actuales instalaciones se encuentran personas pendientes de expulsión de acuerdo con la Ley de Extranjería, pero desde hace un tiempo también hay foráneos condenados por algún delito que están conmutando la pena. Esta circunstancia es criticada por el SUP, que considera un desacierto trasladar al centro a personas que deben estar en la prisión, porque eleva el riesgo de los otros internos y de los agentes.

    Según las cifras de este viernes, en las instalaciones de Algeciras había 50 personas internadas, mientras que en las de Tarifa, 120, «pero con previsión de que lleguen más en breve».

    No se recuerdan incidentes de gravedad acorto plazo y el más reciente fue la fuga, en agosto del año pasado, de unos 40 internos del CIE algecireño. Tres años antes también escapó una decena.

    Las fuentes consultadas consideraron «poco prudente» revelar el número de funcionarios policiales que trabajan en ambos centros debido a la secuencia de motines de que se han producido en el resto del país. «Hay que tener en cuenta que tienen teléfonos móviles y están en contacto, por lo que podrían organizarse para protestar aquí», explicaron. No obstante, según constan en denuncias públicas previas, ha habido situaciones en las que cuatro policías han custodiado a 65 y 160 internos en Algeciras y Tarifa, respectivamente.

    Es en este contexto cuando Velayos recuerda la carencia de equipos de protección, como chalecos y guantes anticortes, aunque reconoce que no tiene constancia de que falte material médico, como guantes y mascarillas, de los que sí han llegado a carecer otros CIE.

    Esta era una de las reclamaciones que durante mucho tiempo hicieron los policías que trabajaban en el de Málaga, uno de los más polémicos después de que algunas internas denunciaran haber sufrido abusos sexuales y participar en fiestas privadas con los agentes. El caso estalló a mediados de 2006 con nueve implicados, aunque a juicio llegaron cinco. Al final del proceso, todas las acusaciones retiraron los cargos contra uno de los funcionarios, mientras que los otros cuatro fueron absueltos.

  3. Murcia: una fuga similar a la de Aluche

    La Región de Murcia alberga un Centro de Internamiento de Extranjeros en Sangonera la Verde donde se produjo una fuga masiva similar a la de Aluche el pasado 6 de octubre, cuando 67 inmigrantes agredieron a varios agentes de Policía con extintores cuando uno de los internos había pedido asistencia médica y lograron escapar.

    Un amplio dispositivo de seguridad logró localizar a 41 de ellos en varios municipios cercanos, aunque 26 consiguieron eludir los controles y las autoridades lanzaron una alerta nacional de búsqueda, según informó la Delegación del Gobierno en Murcia.

    Estas instalaciones -ahora en revisión para subsanar los destrozos y verificar sus medidas de seguridad- tienen capacidad para 130 internos y, en el momento de este motín había 127, todos varones y la mayoría de procedencia argelina, unos 70 llegados en pateras.

    Cuando se abrió en 2010, en este centro se acondicionaron tres módulos, para hombres, mujeres y familias, 148 plazas en total y la estancia media prevista era de 60 días. Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la ONG Convivir Sin Racismo exigen el cierre de estas instalaciones por el riesgo para la seguridad tanto de los efectivos policiales como de los inmigrantes.

    Este centro también registró dos fugas el año pasado y un motín, en el que quedó destruida una zona común, lo que obligó a mantenerlo cerrado entre diciembre y marzo de este año. En la actualidad, la antes citada organización de ayuda denuncia hacinamiento por falta de espacio.

    Con este historial de tensiones y altercados, en julio el CIE cambió de dirección y una brigada especial de la UPR de la Policía Nacional refuerza la seguridad, si bien desde la Administración se elude dar cifras concretas de la plantilla de agentes destinados para no poner en riesgo su actuación.

  4. Las Palmas y Tenerife: menos pateras, menos ocupación

    El CIE de Las Palmas, en Barranco Seco, está situado en una antigua cárcel que fue destinada, con la llegada de pateras y cayucos, a la acogida de inmigrantes irregulares. El año pasado, la juez que fuera candidata de Podemos, Victoria Rosell, emitió un informe en el que aseguraba que se incumplía las condiciones mínimas y derechos de los internos. Este año se han acometido unas obras de remodelación y se encuentra prácticamente vacío.

    El centro de Internamiento de Extranjeros de Tenerife, en la zona de Hoya Fría, abrió sus puertas en el año 2003 y tiene una capacidad total de 238 plazas. Es «modélico», según el delegado del Gobierno en Canarias, aunque sufrió una plaga de chinches el pasado mes de enero. Actualmente cuenta con 62 internos, una baja ocupación que se explica por la reducción en la llegada de pateras. La última fuga fue en 2010 cuando tres internos huyeron por las ventanas de la cocina.

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