Pedro Sánchez niega a las regiones capacidad para participar en las decisiones del coronavirus
El presidente da por perdida la opción de los «coronabonos» y reconoce retraso en el suministro de material
Las regiones piden sin éxito que la paralización de actividad tenga en cuenta la peculiaridad de cada región
Coronavirus en España | Última hora en directo del Covid-19
La unilateralidad con la que el Gobierno está adoptando sus decisiones en la crisis del coronavirus está contrariando de forma importante a sus interlocutores. Muchos comparten las decisiones adoptadas, pero cuestionan la manera de Pedro Sánchez de tomarlas. Es la tónica general que el presidente del Gobierno se encontró en el tercer domingo consecutivo en que conectaba por videoconferencia con los presidentes autonómicos.
Prácticamente todos los presidentes pidieron poder participar junto al Gobierno para definir mejor, y en función de la especificidad de cada región, qué es y qué no es una actividad esencial . Pero se encontraron con un portazo por parte del Gobierno: «No tiene sentido hacer diferencias de confinamiento», dijo la portavoz María Jesús Montero , que defendió que no tendría ningún interés en que una parte del territorio tomase decisiones de forma aislada: «No podemos hacer ningún tipo de diferenciación», zanjó.
La unidad de acción está garantizada porque todas las autonomías asumen la potestad legal del mando único. Pero son mayoría quienes expresan críticas, o como mínimo matices , a la gestión realizada desde Moncloa. Paradójicamente, en la reunión de ayer, y aunque mantuvo su queja por las competencias «arrebatadas» y su reclamación de más medidas económicas, fue Quim Torra uno de los que más defendió la decisión de limitar el motor productivo del país. Lo hizo en un tono constructivo que sorprendió a muchos de los presidentes, según reconocen varios de ellos. Torra volvió a reclamar la exención de impuestos mientras dure la crisis por el coronavirus . Pero su mayor crítica vino horas después, cuando a las nueve de la noche el decreto seguía sin publicarse en el BOE.
Por contra, el lendakari Iñigo Urkullu mostró su malestar por la forma en la que se ha ejecutado una decisión que el Gobierno había asegurado hasta 24 horas antes que no iba a adoptar. Urkullu fue el primero en pedir que las regiones pudieran participar a la hora de determinar qué actividades son o no esenciales, en función de las particularidades de cada región. Pero Sánchez se sentó a la mesa con el resto de presidentes para informar del decreto. No para negociarlo ni para enriquecerlo. La videoconferencia se programó para el mediodía, cuando ya se había celebrado el Consejo de Ministros y con el decreto ya aprobado.
Eso se lo reprochó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , que compartiendo el fondo de la decisión de Pedro Sánchez cuestionó la «precipitación» a la hora de adoptar la medida. Y es que la norma se anunció poco más de 24 horas antes de entrar en vigor y se aprobó menos de 12 horas antes de su aplicación. Moreno cuestionó que se perdía así la posibilidad de mejorar las propuestas.
Según varios participantes en la reunión, fue el gallego Alberto Núñez Feijóo de los más molestos por las formas empleadas y por las consecuencias de una medida que habría requerido de un trabajo más coordinado con las autonomías. Feijóo reclamó flexibilidad en la aplicación del nuevo decreto, tanto en los sectores afectados como en el inicio de la aplicación. El cántabro Miguel Ángel Revilla consideró «un error» el cierre drástico « de hoy para mañana» porque la reapertura puede resultar muy compleja.
Petición transversal
Como en las dos conferencias anteriores la reivindicación de material sanitario y más fondos económicos estuvo presente en todas las intervenciones. La Comunidad Valenciana, que lidera el socialista Ximo Puig, reclamó al Gobierno que adelante 2.200 millones de euros para que la administración autonómica pueda hacer frente a las deudas con las empresas: «Debemos ser parte de la solución, pero para ello hemos de poder pagar a los proveedores».
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , pidió 1.200 millones de euros para hacer frente a esta crisis del coronavirus . Ayuso volvió a insistir en la falta de material sanitario. Desde su Gobierno se critica que por parte del Gobierno de España no han recibido por ejemplo ningún respirador. En la reunión, el murciano Fernando López Miras también denunció esta carestía : «Cada semana necesitamos más de 100.000 mascarillas y en la última semana solo han llegado 8.000 desde el Ministerio de Sanidad».
En este punto, varios de los participantes consultados aseguran que Sánchez reconoció que en este aspecto «vamos con cierto retraso». Algunos presidentes también lamentaron escuchar a Sánchez en su intervención que diese prácticamente por perdido la posibilidad de mutualizar la deuda mediante los «coronabonos» por la oposición de Holanda y Alemania.
Pero ayer el punto fuerte de la reunión fue la posición de los presidentes sobre un endurecimiento del decreto de alarma que muchos reclamaban días atrás. Y que se encontraron por sorpresa en la tarde del sábado. Díaz Ayuso reclamó aclaraciones sobre lo que se considera actividad esencial porque «cada Comunidad tiene unas necesidades diferentes». El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , también reclamó que a la hora de establecer los ceses en la actividad había que tener en cuenta las «peculiaridades industriales» de cada región .
Puig reclamó una «flexibilidad exigente» en la paralización de actividades, insistiendo en que hay industrias, como la cerámica en su tierra, que no pueden parar de un día para otro. El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page , también pidió «adaptar» la medida porque «nada tiene que ver la realidad industrial». Además alertó de que la paralización de la producción puede provocar pérdida de competitividad a nivel internacional.
