Sánchez contemporiza en la esperanza de que los disturbios en Cataluña remitan los próximos días

El presidente del Gobierno rechaza actuar ahora en Cataluña para «no alimentar la espiral violenta»

Casado pide al presidente el primer paso para activar el 155 y Albert Rivera le reclama su aplicación para proceder al cese de Quim Torra

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El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (i), recibe al líder del PP, Pablo Casado, en el Palacio de La Moncloa EFE
Víctor Ruiz de Almirón

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Pedro Sánchez intenta mantener el control de los tiempos y capitalizar la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Pero el tiempo pasa y la respuesta del Gobierno no llega. El presidente en funciones trató de escenificar ayer acción al convocar a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias a sendas reuniones en La Moncloa. Lo hizo después de que en la víspera, ya a medianoche, el Gobierno emitiese un comunicado denunciando la existencia de «violencia generalizada» en las protestas en Cataluña.

Tras la reunión con el presidente del PP, fuentes del Gobierno manifestaron que se le trasladó que Sánchez «no descarta ningún escenario», que «todo está previsto» y que se «actuará, si es preciso, desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad» . Fue el mismo esquema que repitió con todos ellos. Pero los tres interlocutores que pasaron por La Moncloa, defendiendo cada uno cosas diferentes, salieron con la misma sensación: que Sánchez los convocaba para escenificar control de la situación en un contexto de campaña electoral. Pero que no lo veían dispuesto a actuar a corto plazo.

El presidente del Gobierno en funciones compareció pasadas las nueve de la noche para lanzar un mensaje detrás del que, en varias ocasiones, se encontraban las justificaciones a no actuar todavía de modo excepcional. Pese a la constatación de que existen «grupos violentos y perfectamente organizados decididos a alterar la convivencia» , el Gobierno sigue convencido de que no es momento de plantear una actuación excepcional del Estado. Sánchez defendió que «la moderación en la respuesta es otra forma de fortaleza». Y preguntado por qué tiene que suceder para que el Gobierno actúe ha insistido en «ser proporcionales en la respuesta» y ha advertido de que su punto de vista es que hay que «modular la respuesta en función de la actitud de los responsables políticos de la Generalitat».

En lo que respecta al tipo de incidentes vividos durante los últimos días el Gobierno insiste en que «la gran coordinación de distintos cuerpos de seguridad es la mejor respuesta a los extremistas violentos». El Gobierno considera que no hay motivo para aplicar la Ley de Seguridad Nacional mientras esa coordinación funcione. En todo momento dejó detalles para tratar de justificar su decisión de no actuar: «La única esperanza de los grupos violentos es que cometamos errores, que caigamos en sus provocaciones y alimentemos una espiral violenta».

Esa tesis de no intervención es compartida por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tras su bilateral con Sánchez manifestó que la única solución para desescalar la crisis soberanista es «una mesa diálogo con todas las fuerzas políticas».

La sensación con la que ayer abandonó La Moncloa el líder de Podemos es de que Sánchez no tomará ninguna medida a pesar de movilizar a los tres líderes políticos nacionales. «Os digo mi impresión; al menos, a corto plazo, no van a apostar por vías excepciones», valoró Iglesias, preguntado sobre qué acciones le había trasladado el presidente en funciones. «Pero pregúntele a Pedro Sánchez si va a hacer lo que le dice Casado o no», añadió.

El líder de Podemos trasladó que «es muy miope pensar que el derecho puede resolver lo que no resuelven los políticos. También rechazó de pleno apoyar la reactivación del artículo 155 de la Constitución porque «no sirvió para solucionar nada». Iglesias no cree que haya «diferencias insalvables» con los socialistas a pesar de que en las últimas horas se ha remarcado la distancia entre ambos y miembros del Gobierno hayan asegurado que no es un socio de fiar.

Los días clave

Se da la paradoja de que Sánchez comparte por ahora con Iglesias la idea de no adoptar medidas excepcionales, pero en público es al único de los tres a los que no agradece su apoyo. Mientras que si lo hace con Casado y Rivera que, pese a su inacción, insisten en que lo correcto ahora es apoyar al Gobierno en funciones.

En el Gobierno intentan seguir liderando la gestión de los tiempos. Su esperanza para no tomar medidas excepcionales es que la coordinación entre fuerzas policiales siga funcionando. Pero el Gobierno es consciente de que vienen ahora días claves. Hoy comparece Quim Torra en el parlamento cataluña y el Gobierno estaba muy atento a esta cita, aunque ayer se mostraba confianza al respecto por el hecho de que finalmente no se vayan a votar resoluciones, lo que reduce la posibilidad de que se incurra en ilegalidades .

También se espera como día clave el viernes, con la llamada "huelga de país" y los ecos en el fin de semana. A partir de ahí se espera que las protestas remitan, aunque el cálculo del Gobierno siempre ha sido el de que se producirán protestas sostenidas en el tiempos. Aunque la dimensión que adquirieron en la noche de martes y miércoles sí estaba fuera del radar.

Preocupación en PP y Cs

«El Gobierno no está a la altura de lo que se exige para garantizar el orden público y la seguridad», afirmó Casado por la noche en Telecinco. El líder del PP sí llevó un conjunto de medidas a La Moncloa, algunas para que se aplicaran de inmediato, como la Ley de Seguridad Nacional para tomar el control de los Mossos e impedir que este cuerpo policial autonómico quede a expensas de las órdenes de Torra. Pero, sobre todo, Casado instó a Sánchez a que mañana, viernes, aproveche el Consejo de Ministros para enviar un «requerimiento previo» a Torra, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de hacer frente a la escalada de violencia y para que cese sus actuaciones contrarias al interés general de España.

Ese requerimiento, como confirmó Casado, es el primer paso previsto en la Constitución para poner en marcha una intervención de la Generalitat de Cataluña a través del artículo 155, como hizo Mariano Rajoy en 2017, para devolver al orden legal a una «Generalitat en rebeldía». «En el momento en que el Tribunal Constitucional ha mandado un requerimiento a las máximas autoridades parlamentarias de Cataluña, no se puede entender que el Gobierno no haga lo mismo con las máximas autoridades ejecutivas de esa comunidad», avisó Casado.

El presidente del PP puntualizó que ese requerimiento serviría para tener listo el 155 si se produce cualquier «eventualidad» en los próximos días, y permitiría al Estado asumir de forma inmediata competencias como las de Interior o Instituciones Penitenciarias. Aclaró, eso sí, que si finalmente sigue adelante ese procedimiento del 155, el alcance tendría que ser mayor, y sugirió que el plazo debería ser mayor al de 2017, cuando el Gobierno de la Nación convocó elecciones autonómicas en Cataluña de forma inmediata. El líder de los populares también pidió que la Fiscalía General del Estado actúe «de inmediato» contra el presidente de la Generalitat, el del Parlamento autonómicos y otros cargos del Ejecutivo catalán por «incitar los desórdenes públicos y la desobediencia».

Casado insistió en que Sánchez debe romper cuanto antes con los independentistas, con quienes los socialistas mantienen acuerdos en 40 ayuntamientos catalanes y también en la Diputación de Barcelona.

En un tono mucho más comedido que en anteriores ocasiones, pero probablemente más contundente, Rivera prometió «lealtad» y «respeto» a las decisiones del Gobierno, aunque dejó claro que por el momento no ve a Sánchez partidario de emplear ninguna medida excepcional. Por si acaso, volvió a tenderle la mano al presidente en funciones para aplicar el 155 y deponer al «responsable» de la violencia «con nombre y apellidos: Quim Torra».

Para Rivera lo primero que debe hacerse ahora es cesar a Torra, enviar más efectivos de Policía y Guardia Civil a Cataluña y planificar un 155 «con calendario», fijando las competencias que se asuman y hasta cuándo. Ve insuficiente la Ley de Seguridad Nacional porque Torra seguiría al frente de la Generalitat y es «el problema» y «el tapón» para restaurar la convivencia. Fuentes de Cs aseguran en privado que ven al Gobierno superado y muestran preocupación, aunque cierran filas con la unidad marcada por su líder.

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